UNIDAD II:

LIBERALIZACION DE LOS SECTORES: BREVE EXPLICACIÓN.

La construcción de la noción de servicio público tiene su génesis en el derecho administrativo clásico; sin embargo, ello no implica que esta institución jurídica administrativa haya evolucionado de la misma manera que en el derecho francés. Significando esto que los antecedentes del desarrollo jurídico de la institución del servicio público tiene características propias que lo distinguen de otros ordenamientos jurídicos, tanto en Europa como en America.

En el último cuarto del siglo XX, se manifestó una tendencia a la privatización de operadores públicos y el desarrollo de nuevos marcos regulatorios, de competencia y de la liberalización, en las industrias de servicios públicos básicos, en particular de las áreas de transportes, energía y telecomunicaciones.

Factores determinantes de estos cambios en la gestión y regulación de servicios públicos incluyen los siguientes:

Primero, el mercado mostró ser más flexible para acomodar el cambio tecnológico y tener ofertas de bajos costos;

Segundo, el aumento de la demanda de estos servicios ha requerido de una mayor inversión que trascendió las limitaciones fiscales del Estado; Finalmente, la globalización forzó a una mayor competencia en todos los mercados y a servicios públicos de calidad y bajo costo.

Con el avance de la economía global, en el bloque de países desarrollados, los mercados liberalizados empezaron a sustituir a los monopolísticos, dominados por operadores públicos, situación que con-llevó una intensa actividad regulatoria que se reflejó en nuevos marcos jurídicos y reglamentaciones, así como de organizaciones gubernamentales responsables por su ejecución. También se dio un aumento en las organizaciones especializadas de regulación.

La intervención reglamentaria del gobierno en las industrias liberalizadas puede referirse a los siguientes aspectos: entes reguladores como responsables de autorizar a los prestatarios privados, supresión de las barreras de entrada para los nuevos prestatarios, supervisión de interconexiones, atención de consumidores de bajos ingresos, así como la fijación de las tarifas en niveles cercanos a los precios de eficiencia.

Estos marcos reglamentarios han propiciado que los organismos regulatorios nacionales intervengan lo menos posible en la gestión de los prestatarios, y que la regulación opere como resultado del entorno o marco reglamentario.

Sus objetivos pueden especificarse de la siguiente forma:

• Acceso universal de los servicios para todos los usuarios.

• Garantizar mercados abiertos para la competencia.

• Fijación de tarifas en el nivel de precios de eficiencia que corresponde a situaciones de mercados competitivos.

• Rentabilidad de inversiones que permita acomodar la adopción de nuevas tecnologías.

• Transparencia de las reglamentaciones y protección de derechos de los consumidores.

Sin embargo, se reconoce que los países muestran diferentes preferencias por una mayor o menor reglamentación y participación de prestatarios públicos, lo que está determinado por la ideología política de los gobiernos respectivamente.

Teoría Económica y Regulación de Servicios Públicos;

La teoría económica que fundamentó la globalización de mercados y favoreció una concepción de Estado regulador en el mundo desarrollado, y que justificó los nuevos enfoques de asistencia de las instituciones financieras internacionales a los países del Tercer Mundo, puede referirse a un replanteamiento de la teoría microeconómica convencional. El nuevo enfoque se perfiló desde fines de los setentas y permitió concebir a los mercados bajo estrictas condiciones de competencia y definición de sus equilibrios, así como de aquellos fallos o imperfecciones que explican la función regulatoria del gobierno en el sistema económico, y de sus áreas de participación directa en la asignación de recursos escasos.

La nueva microeconomía establece que la eficiencia es el criterio social que permite evaluar el funcionamiento de las empresas cuando éstas atienden la totalidad de la demanda social y su operación se manifiesta en mercados competitivos. La competencia garantiza que los actores son tomadores de precios, mientras que otras condiciones estrictas definidas como supuestos técnicos y de mercado, permiten explicar en su conjunto, un análisis normativo basado en la motivación individual, y su interacción a nivel agregado de ofertas y demandas, los que determinan un equilibrio denominado Pareto Eficiente. En el nivel de un mercado en particular, este equilibrio nivela la oferta de productores y demanda de la sociedad y determina un nivel de precios que es eficiente, por las siguientes razones:

• La cantidad producida satisface la demanda de todas las personas de la sociedad.

• El precio final de ese equilibrio refleja una valoración social de los individuos, al que están dispuestos a consumir el bien o servicio, respectivamente.

• Garantiza un uso eficiente de los recursos productivos, dado que el precio iguala al costo marginal más bajo posible que pueden lograr las firmas productoras. No hay pérdida de eficiencia, siempre y cuando el mercado de un bien produzca en el nivel que iguala el precio con el costo marginal de producción.

El cumplimiento de un equilibrio Pareto eficiente en una economía de mercados perfectamente competitivos no requiere de la intervención del gobierno. El empleo de este criterio de eficiencia permite evaluar cuan bien las industrias y sus firmas están operando en los mercados para satisfacer las demandas de la sociedad. Esta es la esencia misma de la organización de mercados de un sistema de economía capitalista. Cuando el mercado no puede lograr dicho equilibrio bajo sus propias condiciones, entonces se hace necesario la intervención del gobierno para promover una solución lo más aproximada al equilibrio Pareto eficiente. Este es el propósito de las políticas de todo organismo gubernamental de regulación de servicios públicos.

Sin embargo, la condición de equilibrio Pareto eficiente de los mercados competitivos que garantiza la eficiencia en la asignación de recursos en el proceso productivo, requiere para su logro de condiciones estrictas. Stiglitz ha especificado seis situaciones bajo las cuales los mercados no son Pareto eficientes y las mismas se definen como “fallos de mercado” y proveen la racionalidad para la actividad económica del gobierno. Interesa caracterizar para los propósitos de este ensayo, el primero de esos fallos, el que corresponde a Mercados de Competencia Limitada.

Esa situación corresponde a la presencia de estructuras de mercados definidas como de monopolio, oligopolio y competencia monopolista, la que se desvía del ideal de competencia perfecta que determina el equilibrio Pareto eficiente. Como resultado de ello, el precio será superior al precio de eficiencia, y en consecuencia el volumen de producción será inferior al de equilibrio y habría una pérdida de eficiencia en el funcionamiento del mercado. Razones para la competencia limitada incluyen las siguientes: industrias con estructuras de costo decreciente que generan los monopolios naturales y que dan origen a los servicios públicos regulados; costos elevados de transporte e información imperfecta; estrategias empresariales para reducir la competencia y la entrada de nuevas firmas; y finalmente, derechos de patentamiento que garantiza el usufructo monopólico de innovaciones.

La racionalidad de la regulación gubernamental y provisión de servicios públicos se explica por el fallo que se manifiesta en esas industrias con estructuras de costes decrecientes que originan los monopolios naturales. Esta imperfección del mercado justificó en una primera instancia la participación del gobierno mediante empresas públicas para ofrecer esos servicios, y más recientemente su apertura a la empresa privada bajo marcos regulatorios.

Los servicios públicos gestionados por tradición bajo la forma de monopolios públicos, constituyen industrias que presentan dos características fundamentales: primero, poseen una estructura de costos que decrecen conforme se alcanzan escalas cada vez mayores en la producción; y segundo, generan costos hundidos que limitan el acceso de nuevos competidores a esta industria. Las industrias que funcionan bajo estas condiciones incluyen las telecomunicaciones, la energía, los correos, los transportes y el agua potable. Si estas industrias fueran operadas enteramente por el mercado, la empresa de mayor escala terminaría expulsando al resto de operadores privados y se constituiría en un monopolio denominado “monopolio natural”, ejerciendo su poder de mercado para imponer un nivel de producción inferior a la requerida por la sociedad.

El análisis económico considera que un monopolista privado actuando por sí solo en una de estas industrias, no podría alcanzar un equilibrio Pareto eficiente, generando efectos nocivos en el bienestar social, razón por la que la gestión privada de estas industrias debe operar bajo un marco de regulación gubernamental. Esta situación se manifestó en el desarrollo de estas industrias en países desarrollados como Estados Unidos e Inglaterra. La estructura institucional referidas por el Banco Mundial corresponde a los desarrollos público/privados de los monopolios naturales en estos países, los que lograron una integración de estas industrias combinando la gestión privada del servicio con una regulación pública.

Es claro de este planteamiento, que el organismo de regulación tiene la responsabilidad de definir las reglamentaciones necesarias y de fijar los precios o tarifas de prestación del servicio, de forma tal, que se pueda aproximar una solución de equilibrio Pareto eficiente para atender la demanda social del servicio. En lo fundamental, estas industrias operan bajo lo que podría denominarse como “mercados regulados”, con restricciones del organismo regulador para satisfacer esa demanda social a los costos de producción más bajos posibles. La regulación deberá facilitar también, las inversiones que permitan la adopción de nuevas tecnologías de producción en procura de reducir costos, mejorar la calidad del servicio y facilitar la integración de la economía local en los mercados globales. Sin embargo, el interés del gobierno para regular este tipo de servicios públicos, al igual que otros estratégicos, tales como el abastecimiento de petróleo y sus derivados, trasciende los aspectos de interés económico. Existen otras dimensiones del interés público que explican el por qué los gobiernos no han privatizado el sistema de defensa de un país o la administración de la justicia. De igual manera, los sistemas educativos transmiten los valores cívicos y ayudan a formar el sentido de la nacionalidad, y desde la perspectiva del gobierno parece conveniente que estén bajo la administración pública.

En perspectiva, el mercado a pesar de sus fallos constituye un instrumento que bajo la regulación apropiada permitiría lograr niveles aceptables de eficiencia, en comparación con la provisión a cargo de empresas públicas que deben enfrentar problemas de ineficiencia, debido a la politización de sus organizaciones y altos niveles de corrupción. Ello plantea el dilema de cómo sopesar la producción pública frente a la empresa privada en mercados sujetos a la regulación gubernamental.

Dado que el organismo regulatorio impondrá reglas para atender la demanda social, habrá grupos de consumidores que no podrían pagar los precios de eficiencia, dado su bajo nivel de rentas. En consecuencia, se impone una política tarifaria que considere subsidios a estos grupos económicos para que puedan acceder al servicio. Así por ejemplo, una oficina de correos podría imponer precios o cargos uniformes para el envío de una carta, ya sea que se tratara de un envío en el área urbana o la rural en que viven grupos de menores ingresos, aún cuando el coste del transporte rural fuera mayor que el urbano, lo que conlleva un subsidio del usuario urbano al rural, es decir un subsidio cruzado. Lo mismo se puede presentar en industrias de abastecimiento de energía eléctrica y de agua potable. Bajo esquemas de producción pública y/o de regulación pública, el asunto de los subsidios cruzados se convierte en un asunto político que involucra consideraciones de eficiencia y distributivas.

SUERTE Y FELIZ FIN DE SEMANA.

servido por nilda gioconda 1 comentario compártelo