Equipo 7: Regulaciones ofrecidas por el estado Venezolano que brindan garantías sobre la prestación de los servicios públicos. Exposición viernes 20/11/2009.

Transformación del Estado Venezolano:

 El gran potencial transformador de las Tecnologías de Información y Comunicación y de los Servicios Postales, convergiendo en algunos casos y complementándose en otras, no puede ni debe ser ajeno al Estado venezolano. Mucho menos cuando ese Estado es parte de un proyecto revolucionario humanista, que propugna la Mayor Suma de Felicidad Posible.

Las Tecnologías de Información y Comunicación aplicadas al Estado pueden catalizar su transformación como principal garante de la Suprema Felicidad Social, así como promotor y habilitador del ejercicio ciudadano de la Democracia Protagónica Revolucionaria.

Debemos transformar el Estado para hacerlo más eficiente, eficaz, y transparente de cara al cumplimiento de los deberes constitucionales para con los ciudadanos y satisfacer las expectativas de la gran mayoría del pueblo venezolano comprometido con las propuestas de cambio del proyecto Socialista Bolivariano. Por sí solas las Tecnologías de Información y Comunicación y los Servicios Postales no podrán lograr la transformación, pero si existe la voluntad política y el entendimiento de que éstas pueden convertirse en un medio para acelerar y habilitar el lograrlo debemos aprovechar la oportunidad.

Objetivos Estratégicos

OPTIMIZAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Orientar la acción del Estado en materia de Tecnologías de Información y Comunicación y de Servicios Postales hacia crear las condiciones para que la Administración Pública modernice y agilice sus procesos administrativos y los flujos de información asociados a ellos, aprovechando dichas herramientas.

IMPULSAR EL GOBIERNO ELECTRÓNICO

En la medida en que se vayan optimizando los procesos administrativos del Estado se debe impulsar a éste en la transición a la Sociedad de la Información, mediante la adopción de las TIC en los poderes públicos combinadas con cambios organizacionales y nuevas habilidades para mejorar, tanto la gestión a lo interno,  como los servicios públicos y los procesos democráticos, y fortalecer el apoyo a las políticas públicas.

1. Garantizar una solución de servicios Tecnologías de Información y Comunicación y de Servicios Postales que permita al Poder Comunal su coordinación e interacción con otros poderes
   La importancia y relevancia de los consejos comunales en el ejercicio de la Democracia Participativa Revolucionaria representada por el Poder Popular, hace necesario enfocar esfuerzos para garantizar que éstos cuenten con herramientas necesarias y apropiadas para apoyar su gestión eficiente y transparente, y que las comunidades puedan ejercer su derecho a participar en la definición de las políticas públicas de su comunidad y en la contraloría social de su ejecución.

2. Unificar criterios para portales del Estado de servicios en línea al ciudadano y empresas
   Mejorar la calidad, imagen y contenido de los portales de servicios en línea de los distintos órganos y entes del Estado, mediante el uso de criterios unificados preestablecidos, incluyendo la respuesta a las necesidades de las personas discapacitadas. Con esto se busca apoyar la masificación incluyente del uso de las herramientas de gobierno electrónico por todos los ciudadanos.
3. Impulsar desarrollo de aplicaciones estándares para automatizar procesos comunes de órganos y entes del Estado
   Impulsar el desarrollo de aplicaciones estándar, certificables, destinadas a la automatización de procesos comunes a diferentes órganos y entes del Estado, aprovechando los atributos de replicabilidad de las soluciones. Esto permitirá que en la pirámide de planificación y ejecución de políticas públicas y de los proyectos y presupuestos derivados de esto se pueda contar con mecanismos similares de reporte de gestión para los órganos competentes para evaluarla en los niveles comunales, municipales, estadales y nacionales, basados en indicadores iguales para cada nivel.
4. Ofrecer información, asesoría y promoción a los ciudadanos en el uso efectivo de los servicios en línea
   Incrementar el uso efectivo de los ciudadanos de los servicios en línea ofrecidos por el Estado, aumentando los niveles de participación, mejorando la calidad de los servicios, reduciendo los tiempos efectivos de respuesta y los costos de la prestación de los servicios.

INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Proporcionar herramientas de Tecnologías de Información y Comunicación y de Servicios Postales, que obliguen a la transparencia en todos los actos de las todos los poderes públicos en los ámbitos nacional, regional, municipal y comunal, y que así faciliten el ejercicio ciudadano de la contraloría social.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE 1er NIVEL: PROMOVER AJUSTES NECESARIOS AL MARCO JURÍDICO

Asegurarse que el marco jurídico, probado que están emplazados los mecanismos de seguridad de la información necesarios, permitan la optimización y agilización de los procesos de administrativos y de servicios de los poderes públicos del Estado, de manera de garantizar su eficacia, eficiencia, transparencia, seguridad y calidad, en función de lograr La Nueva Ética Socialista, La Suprema Felicidad Social y la Democracia Participativa y Protagónica, entre otros.

 Marco jurídico venezolano en materia de seguridad de datos en tecnologías de información y comunicación.

Con la firme intención de fomentar la asignación de recursos ponderada y diversificada, mantener la eficiencia en la prestación de servicios, salvaguardar los intereses de los ahorristas y demás acreedores, así como proteger la solvencia del sistema bancario en su conjunto, el Estado venezolano interviene activamente en la regulación del sector bancario a través de la formulación de leyes que regulan sus actividades.

A continuación se presenta una visión panorámica del marco jurídico venezolano que de forma directa o indirecta regula lo relacionado con la seguridad de datos en tecnologías de información y comunicación.

En el año 2000 se promulga por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras la Ley Sudaban ó Ley General de Bancos, la cual manifiesta en su artículo 213 que la inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de los bancos, entidades de ahorro y préstamo, otras instituciones financieras, casas de cambio, operadores cambiarios fronterizos y empresas emisoras y operadoras de tarjetas de crédito, estará a cargo de ella. Es un instituto autónomo, adscrito al Ministerio de Finanzas solo a efectos de la tutela administrativa y goza de las prerrogativas, privilegios y exenciones de orden fiscal, tributario y procesal que la ley otorga a la República.

Aunado a ello, las leyes venezolanas respaldan las actividades relativas tanto a la banca y a la seguridad de tecnología de información como el desarrollo de capacidades de innovación tecnológica en materia de seguridad de datos. Por una parte están las leyes que regulan al sector bancario, tal como el Decreto con fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras (2000), y por otra parte, las leyes del sector científico y tecnológico vinculadas directamente con la seguridad en tecnología de información, tales como la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2005), la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (2001) y la Ley Especial sobre Delitos Informáticos (2001).

En este contexto, se resaltan las siguientes consideraciones legales:

Ley General de Bancos:

La Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, manifiesta en sus artículos 233, 234, 251 y 252, que la información bancaria debe manejarse de manera confidencial por los organismos que la posean, y adicionalmente debe ser suministrada de la misma manera por los entes de control que la ameriten, por lo que se hace necesario que sea administrada de manera segura.
Adicionalmente, dicha ley en sus artículos 444, 445, 446 y 447, señala que quien utilice los medios informáticos o mecanismos similares para apoderarse, manipular o alterar papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualquier otro documento que repose en los archivos electrónicos de un banco, entidad de ahorro y préstamo, institución financiera o casa de cambio, perjudicando el funcionamiento de las empresas regidas por este Decreto Ley o a sus clientes, será penado con prisión de ocho (8) a diez (10) años.

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación:

La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2005) manifiesta en su artículo 3 que forman parte del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, las instituciones públicas o privadas que generen y desarrollen conocimientos científicos y tecnológicos y procesos de innovación, y las personas que se dediquen a la planificación, administración, ejecución y aplicación de actividades que posibiliten la vinculación efectiva entre la ciencia, la tecnología y la sociedad (tal es el caso de las entidades del sector bancario).
Adicionalmente, dicha ley en su artículo 4, expresa la necesidad de estimular la capacidad de innovación tecnológica del sector productivo, empresarial y académico, tanto público como privado, a través de mecanismos que permitan la inversión de recursos financieros para el desarrollo de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.

La Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (2001):

En su artículo 1, manifiesta que se otorga y reconoce la eficacia y el valor jurídico a la Firma Electrónica, al Mensaje de Datos y a toda información inteligible en formato electrónico, independientemente de su soporte material, atribuible a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, así como regular todo lo relativo a los Proveedores de Servicios de Certificación y los Certificados Electrónicos (tal es el caso de las operaciones electrónicas efectuadas por parte de las entidades del sector bancario).

La ley en su artículo 7, expresa que cuando se requiera que la información sea presentada o conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con relación a un Mensaje de Datos si se ha conservado su integridad y cuando la información contenida en dicho Mensaje de Datos esté disponible. A tales efectos, la ley establece que un Mensaje de Datos permanece íntegro, si se mantiene inalterable desde que se generó, salvo algún cambio de forma propio del proceso de comunicación, archivo o presentación.

En el artículo 27 de dicha ley se expresa que la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología) podrá adoptar las medidas preventivas o correctivas necesarias para garantizar la confiabilidad de los servicios prestados por los Proveedores de Servicios de Certificación, por lo que, podrá ordenar, entre otras medidas, el uso de estándares o prácticas internacionalmente aceptadas para la prestación de los servicios de certificación electrónica, o que el proveedor se abstenga de realizar cualquier actividad que ponga en peligro la integridad y la seguridad del dato o el buen uso del servicio de los sistemas de información (tal es el caso de los sistemas de información y la plataforma tecnológica que soporta las operaciones de las entidades del sector bancario).

La Ley Especial contra Delitos Informáticos (2001):

Expresa en su artículo 1 que es objeto de protección integral los sistemas que utilicen tecnologías de información, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra tales sistemas o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías (tal es el caso de los sistemas de información y la plataforma tecnológica que soporta las operaciones de las entidades del sector bancario).

Adicionalmente dicha ley en sus artículos del 13 al 26, expresan que serán aplicadas sanciones para aquellos que a través del uso de tecnologías de información, accedan, intercepten, interfieran, manipulen o usen de cualquier forma un sistema o medio de comunicación para apoderarse de bienes o valores tangibles o intangibles de carácter patrimonial sustrayéndolos a su tenedor, con el fin de procurarse un provecho económico para sí o para otro, con prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de doscientas (200) a seiscientas (600) unidades tributarias.

Un resumen del marco jurídico venezolano en materia de seguridad de datos de tecnologías de información y comunicación (SDTIC) se presenta:

MARCO JURÍDICO VENEZOLANO EN MATERIA DE SDTIC

El conjunto de dispositivos legales emanados del gobierno nacional venezolano presentado, revelan que la seguridad de datos en tecnología de información, es considerada un tema de Estado el cual busca mitigarlo a través de la aplicación de las sanciones legales dispuestas. En el cuadro, se evidencia que el marco legal venezolano, refuerza la importancia que tiene la seguridad de datos en tecnologías de información en el sector bancario, así como la aplicación y puesta en práctica de medidas conducentes al resguardo y la seguridad de los datos de los sistemas y la plataforma tecnológica, que soporta los mismos en dichas entidades.

Fundamentación Política en materia de seguridad de datos en tecnologías de información.

Subirats (1999) refiere que las políticas científicas y tecnológicas deben estar en completa concordancia con la política nacional de desarrollo, por tal razón, hay un consenso cada vez mayor acerca de que una respuesta adecuada a los desafíos económico-tecnológicos de un mundo en cambio, el cual requiere un rol activo del Estado que impulse una política científico-tecnológica articulada.

No es, por tanto, una sorpresa que la participación pública en la formulación de estas políticas constituya hoy día un importante reto tanto para las empresas bancarias como para el Gobierno, las cuales en el caso venezolano, se encuentran en la búsqueda constante de desarrollar sus capacidades de innovación tecnológica, especialmente en el área de seguridad de datos de tecnología de información como parte de la evolución de un proceso endógeno de desarrollo tecnológico del sistema bancario, la cual permitiría mejorar sus productos y servicios en dicho ámbito.

Por ello, es importante destacar la relación existente entre los instrumentos de políticas venezolanos con la seguridad de datos de tecnología de información en el sector bancario venezolano.

En ese orden de ideas, se destaca lo siguiente:

• La Política Nacional de Desarrollo (PND), instrumentada a través del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación (PNDESN) (2001-2007), en su sección 1.1.5, manifiesta que la ciencia y tecnología acompañarán e inducirán los cambios técnicos requeridos en el ámbito económico para impulsar el crecimiento de la producción y la productividad, y en tal sentido, se propiciará la multiplicación de programas de formación científica bajo la convicción de que la infraestructura de investigación es un insumo estratégico fundamental para la innovación en el área productiva.
  Adicionalmente en su sección 1.1.6, expresa la necesidad de transformar y fortalecer el sistema financiero con el propósito de optimizarlo, agilizarlo y potenciar su capacidad de asistencia técnica y financiera para desarrollar los sectores productivos. Por ello, se introduce el concepto de "Cadena Financiera" para reforzar la interrelación entre banca pública o privada y los productores, especialmente el caso de los productores pequeños y medianos, las instituciones aseguradoras y de otorgamiento de garantías, que permitirían la disminución del riesgo bancario y el abaratamiento del financiamiento con capital de riesgo.
• El Plan Nacional de Tecnologías de Información (PNTI) (2001), refiere en sus lineamientos estratégicos, la necesidad de fomentar la investigación, desarrollo y la transferencia tecnológica, de productos y servicios en tecnologías de información, propiciando el uso de estas tecnologías como factor potenciador del resto de las áreas de investigación y desarrollo, así como del crecimiento y desarrollo propio de este sector en la economía nacional.
  Adicionalmente, se manifiesta que es fundamental la promoción y el uso de las tecnologías de información en el sector productivo, público y privado, a fin de elevar su productividad y competitividad, en el marco de la nueva economía, mediante un adecuado marco jurídico y regulatorio que ofrezca seguridad en el uso de dichas tecnologías.
• El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI 2005-2030) (2005), refiere en sus lineamientos estratégicos, que es necesario contribuir con el hacer posible un desarrollo endógeno, sustentable y humano a través del incentivo y desarrollo de procesos de investigación, producción y transferencia de conocimiento de calidad y pertinente a los problemas y demandas fundamentales que afectan actualmente a la sociedad venezolana y los que potencialmente (a mediano y largo plazo), pudieran impactar las áreas económicas, sociales y culturales donde la ciencia, tecnología e innovación desempeñan un rol fundamental.
  Adicionalmente, como parte complementaria de sus lineamientos estratégicos manifiestan que es fundamental conocer, crear y difundir la ciencia y la tecnología adecuada a los modos de vida, aspiraciones y modelos de civilización venezolano, el cual es uno de los retos contemporáneos. De allí la importancia de pensar el futuro deseable y posible de la ciencia y la tecnología para su uso en la vida de nuestro país.

La fundamentación política de la banca venezolana en materia de seguridad de datos en tecnologías de información se resume en el presente cuadro:

FUNDAMENTACION POLITICA DE LA DE LA BANCA VENEZOLANA
EN MATERIA DE SEGURIDAD DE DATOS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

En  cuadro se evidencia que las políticas públicas venezolanas refuerzan la importancia que tiene la SDTIC, así como la aplicación y puesta en práctica de medidas conducentes a dinamizar y apoyar las actividades científico-tecnológicas en esta materia.

Acciones estratégicas para la implantación del gobierno en línea en Venezuela

 En Venezuela se han venido trazando una serie de estrategias que buscan consolidar un gobierno electrónico, que lleve al país a un desarrollo. Siguiendo el documento "Programa de Estrategias de Gobierno Electrónico en Venezuela del Ministerio de Ciencia y Tecnología",  enumeremos estas estrategias:

 1.        Ejecutar un plan que coadyuve las oportunidades, para poder lograr acceder universal y colectivamente a redes digitales de información (TV, teléfono, fax, cable, etc) para luego alcanzar nuevos niveles de oportunidades como otros medios como Internet. Para lograr este objetivo el gobierno nacional ha puesto en marcha el Plan Nacional de Telecomunicaciones, este plan tiene como meta revertir el proceso de desequilibrio existente en los servicios básicos con el proceso de apertura del sector, para esto se crea el Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones; este Fondo tiene como misión la creación de mecanismos institucionales que motiven la participación del sector privado y las organizaciones no gubernamentales (ONG), también se crea el Fondo de Servicios Universales, este permitirá la participación de nuevas tecnologías. Estos fondos mencionados aplicados y coordinados con los demás planes nacionales y regionales que desarrollarán en Plan Nacional de Tecnología de la Información, tiene un enfoque hacia los sectores sociales menos favorecidos, atendiendo las demandas de las pequeñas empresas y de esta manera lograr un desarrollo armónico de las regiones y localidades.

2.        La creación de una base de recursos humanos en tecnología de información y comunicación. Para el desarrollo de este objetivo es vital la motivación de profesionales calificados. En este sentido, el gobierno nacional está creando políticas para la incorporación de la sociedad venezolana al uso de las tecnologías y contenidos digitales para esto se ha creado a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología lo que se ha llamado "Agenda para el Desarrollo de la Información de la Colectividad y los Contenidos" (Agenda DICC), el objetivo de esta agenda es convocar a los sectores productivos y académicos y gobierno para concertar sobre temas de interés nacional, estos actores tienen que ver con el desarrollo de la información con sus problemas y soluciones y ellos son los investigadores, gerentes públicos y privados, empresarios, líderes comunitarios y sociales, junto a las ONG, expertos tecnológicos autoridades nacionales, regionales y locales, donde el único fin es la búsqueda del bien o bienestar común.

3.        Acelerar la modernización del Estado mediante el uso necesario de las TIC con la finalidad de facilitar la comunicación intra, inter y extra gubernamental con la sociedad en general e incentivar la calidad en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos instituciones y organizaciones.

4.        Promover las TIC en el sector productivo público y privado a fin de elevar su competitividad en el marco de la economía digital mundial, con la finalidad de desarrollar un escenario seguro y confiable a través de un marco regulador acorde.

5.        Fortalecimiento del sector académico y de investigación así como establecer alianzas con el sector privado y gobierno para abordar la formulación e implantación de soluciones, debido al cambio generado por la globalización  que exige una mayor participación ciudadana y nuevos soportes de la educación

6.        Otra política es la promoción del uso del "software libre", brindando a sus usuarios amplios derechos de uso, difusión y modificación, es decir, otorgamiento de licencias libres que permiten al usuario copiar, inspeccionar, modificar, mejorar y corregir errores. Asimismo, el Estado propicia la creación del Fondo Intergubernamental para la descentralización, el cual tiene por finalidad apoyar técnica y financieramente el proceso de descentralización, fundamental para la consolidación del gobierno electrónico; para apoyar esta iniciativa se creo la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) que tiene como función contribuir al desarrollo sustentable del país tanto en lo económico como en lo social, promoviendo proyectos que contribuyan al resarcimiento de los daños ambientales causados por la explotación y exploración de minas  hidrocarburos, y en las áreas de innovación tecnológica, salud, vivienda, agricultura deporte, entre otros, de estos recursos debe destinarse el cinco por ciento (5%) para proyectos de investigación e innovación tecnológica. Se tiene además, el Fondo Intergubernamental para la Descentralización ( FIDES) , que es un organismo que apoya el proceso de descentralización y desarrollo regional. Es una organización que de los recursos asignados para los Estados y Municipios, se destina el uno por ciento (1%) para proyectos de ciencia y tecnología.

7.        Adicionalmente se han promulgado nuevas leyes en el país, como por ejemplo: la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que crea el Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones (FIDETEL), dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT). El Decreto Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, de fecha 28 de febrero de 2001, que tiene por objeto otorgar y reconocer eficiencia y valor jurídico a la Firma Electrónica, al mensaje de datos y a toda información inteligible en formato electrónico, independientemente de su formato material así como regular todo lo relativo a los Proveedores de Servicios de Certificación Digital, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la misma el MCT coordina las actividades del Estado que en el área de tecnologías de información fueren programadas, actuando como un organismo rector del Ejecutivo Nacional. De igual forma, el Gobierno nacional ha declarado el uso de Internet como política prioritaria a través del Decreto Presidencial 825 promulgado en fecha 10 de mayo de 2000, y publicado en gaceta oficial en fecha 22 de mayo de 2000; el cual considera factores contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se reconoce como de interés público la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación, sus aspiraciones y los servicios de información.

 El propósito es que los servicios públicos ofrezcan la realización de los tramites administrativos por la red, por lo menos en un ochenta por ciento (80%) y que el cincuenta por ciento (50%) de las transacciones efectuadas por el Estado puedan realizarse vía electrónica.

 ALGUNAS INICIATIVAS PARA LA INSTAURACIÓN DE UN GOBIERNO ELECTRÓNICO  EN VENEZUELA                 

Numerosos gobiernos han desarrollado proyectos pilotos en esferas claves de prioridad nacional a fin de sentar un amplio respaldo y credibilidad hacia el e-government. Los líderes a todo nivel se están abocando a las herramientas del gobierno electrónico con el objeto de acelerar la integración y el desarrollo económico y competir mejor en la economía mundial. Brasil está prestando servicios de gobierno electrónico a las comunidades que no tienen acceso a la TIC a través de centros móviles de servicios en camiones  y embarcaciones, incluyendo el suministro de información acerca de cuentas de seguridad social (http://www.previdenciasocial.gov.br).  México ha estructurado un sistema de servicio social (http://www.tramitanet.gob.mx).  Chile ha construido un sistema de aduanas (http://www.aduana.cl)  y otro de impuestos (http://www.sii.cl)  en línea. Se han lanzado sistemas municipales de compras electrónicas del sector público en Sao Paulo (http://www.bec.sp.gov.br),  las cuales están en proceso de desarrollo en Bolivia (http://www.enlared.org.bo). A nivel nacional Venezuela ha venido introduciendo cambios estructurales en el aparato estatal con la finalidad de modernizarlo.

En alusión al caso venezolano, ya se ha adelantado que existe un documento o Plan Nacional de Tecnología de la Información, conjuntamente con el Proyecto "Portal Gobierno" se persigue la instauración del gobierno electrónico en este país. Ahora bien, siendo el propósito implantar el e-government  en los países, para ofrecer ventajas internas (gobierno y sus organismos) sociales (al ciudadano común y los empresarios), además de cumplir con los compromisos internacionales y permitir a las naciones, especialmente las que están en vías de desarrollo, como Venezuela, incorporarse a la denominada infosociedad, se han venido estableciendo diferentes mecanismos para la concretización de un gobierno en línea. Por ello, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en Venezuela, existe la inquietud de desarrollar el Proyecto de Portal Gobierno.

 Pero, desarrollar un Portal Gobierno, no equivale sólo a publicar una web con información del gobierno o del Estado. La reestructuración de los servicios público es primordial y generalmente requiere de fuertes inversiones de los organismos administrativos a todos los niveles, así como un cambio cultural, lo cual es un factor clave de éxito para lograr instaurar un "Portal Gobierno" en  cualquier escenario. Esto significa que no basta automatizar o instalar computadoras por doquier tanto al interior de las administraciones públicas, lo que se conoce como comunicación intranet, como la conexión con los ciudadanos a través de la superautopista usando Internet, bastará, para hablar de un gobierno electrónico, que se permita un autentica exposición de criterios, soluciones y deliberaciones en torno a la realidad social, económica, jurídica y política de un país.  El gobierno venezolano ha empezado a impulsar el cambio radical demandado en la relación de los ciudadanos con los servicios públicos, desde su base, a raíz de la aprobación de una nueva Constitución, la Constitución  de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que establece en su artículo 110, el reconocimiento de interés público a la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información, así como  la competencia del Estado sobre el fomento y la coordinación general de la investigación científica y tecnológica en el país. De igual modo, el Decreto 825, de fecha 10 de mayo del año 2000, - como se indico- que declara el  acceso y uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela ( Articulo 1), en tal sentido ordenó su uso a todos los organismos públicos preferentemente en el intercambio de información con los particulares; prestando servicios comunitarios; bolsas de trabajo; soluciones a las necesidades, asimismo, ordenó el intercambio de información intrainstitucional a través de la red (artículo 3). Como puede observarse este Decreto ordena el uso de Internet a todos los organismos públicos preferentemente en el intercambio de información con los particulares  y donde se establece que en (3) años el 50% de los programas de Educación Básica y Media  estarán disponibles en INTERNET. En este mismo orden, está el  Decreto Legislativo con rango de Ley No. 1290 de fecha 30 de agosto de 2001, Ley Orgánica de Ciencia ,Tecnología e Innovación cuya exposición de motivos indica que la tercera revolución industrial se sustenta principalmente en la microelectrónica, la informática, las redes de comunicación, la biotecnología y la masificación masiva de conocimientos, es decir las nuevas tecnologías, para producir de manera flexible un conjunto cambiante de bienes y servicios. Entre otros, ya  se está estudiando las bases legales y tecnológicas en Venezuela para pagar los impuestos vía electrónica. El salto al gobierno electrónico es inevitable.

Parte de las iniciativas de participación ciudadana en Venezuela son el web site  (http://www.venezuela.gov.ve),  donde aparecen un menú con información acerca de los poderes públicos en el país, asimismo, nos señala links referidos a la 1.- Presidencia de la República; 2.- Vicepresidencia; 3.- Ministerio de la Secretaria, cuyo correo electrónico es (msecretaria@venezuela.gov.ve) ; 4.- la Gaceta Oficial ; 5.- La  Agenda Presidencial;  6.- Atención al Ciudadano, 7.-  Bienestar Social; 8.- Círculos Bolivarianos; 9.- Convenios y Proyectos; 10.- Alocuciones Presidenciales; 11.- Poder Público Nacional, y 12.- Intranet.

 En cuanto a la participación de los ciudadanos, merece resaltar el web site Atención al Ciudadano, cuya misión es brindar atención al ciudadano a fin de escuchar sus problemas, inquietudes y propuestas, a objeto de canalizarlos ante los organismos públicos y/o privados pertinentes en la búsqueda de soluciones en el menor plazo posible . Se indica al visitante los requisitos para  su respectiva solicitud; puede conocer en línea cuál es adelanto de una solicitud efectuada con anterioridad con sólo colocar su cédula de identidad y  puede llenar una nueva solicitud en línea haciendo un simple clic.

 A continuación se expondrán algunas experiencias venezolanas para implantar un gobierno en línea: 

Uno de los proyectos pilotos es el Portal del Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria  (SENIAT), adscrito al Ministerio de Finanzas (http://www.seniat.gov.ve),  tanto en su área Aduana como Tributo. Sobre el tema de Aduana en el web site los ciudadanos pueden obtener información sobre todo lo relacionado a la materia de aduana desde la comodidad de su domicilio o lugar de trabajo. Tradicionalmente, el ciudadano tenía que acudir a las oficinas ubicadas en la capital para realizar sus consultas ya que por vía telefónica resultaba casi imposible. Actualmente, se puede obtener información sobre las normativas vigentes que regulan la materia aduanera, formando parte en este hipervínculo, un total de siete ordenamientos jurídicos, dentro de los cuales se encuentra, la Ley Orgánica de Aduanas, la Ley de Creación y de Régimen de la Zona Libre para el fomento de la inversión turística en la Península de Paraguaná, Estado  Falcón. También existe información sobre los proyectos de modernización de Aduanas en donde se hace mención entre otros, al Proyecto SIDUNEA,  proyecto que sirve de soporte tecnológico para la modernización de las Aduanas del País y procura un control efectivo de la gestión aduanera para que Venezuela cumpla cabalmente los estándares internacionales de la Organización Mundial de Aduanas (OMA); este proyecto puede proporcionar intercambio electrónico de datos entre comerciantes y la aduana, usando las normas EDIFACT (Intercambio Electrónico de Datos para la Administración, Comercio y Transporte). Por su parte, Tributos tiene como objetivos estratégicos tres: Incremento de la recaudación tributaria de origen no petrolero, modernización del sistema jurídico tributario y desarrollo de la cultura tributaria y mejora de la eficiencia y eficacia institucional.  Sin embargo, debe indicarse que la página no presenta marcos participativos en los cuales pueda existir una interacción entre el organismo y los ciudadanos sino, que está compuesta íntegramente por marcos teóricos, meramente informativos que sólo difunden la materia de Aduana y Tributos en forma general.  

Esta modalidad no es exclusiva de Venezuela, también se encuentra en otros países, entre los cuales destacan: España (http://www.aeat.es),  Perú (http://www.aduanet.gob.pe),  México (http://www.aduanas.sat.gob.mx)   y Nicaragua (http://www.dga.gob.ni)

Otros proyectos de gobierno en línea, pero ya a nivel local es el de la Alcaldía de Maracaibo del  Estado Zulia, cuyo portal es (http://www.maracaibo.gov.ve)    y el Servicio Autónomo Puente General Rafael Urdaneta (SAPGRU).

El primero, está en la fase de procura de recursos, donde ha obtenido un gran apoyo del gobierno nacional a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el portal de la Alcaldía consta de una escueta información sobre las distintas dependencias de las Alcaldía, con la identificación y teléfonos de algunos de sus Directores y trascripción de algunas ordenanzas. En esta página puede encontrarse una ventana denominada "denuncias", a la cual pueden acceder los ciudadanos para emitir sugerencias, solicitudes, requerir información, solicitar recaudos, procesos, los cuales son atendidos a través de la Oficina de Informática, la cual la canaliza de acuerdo a la naturaleza de la petición. Sin embargo, no se observa interconexión al interior de las dependencias municipales, ni con otras dependencias regionales o nacionales; por otra parte, se ha detectado que existen islas de información entre las distintas dependencias del municipio Maracaibo, las cuales están aisladas con sus propios sistemas informáticos y programas,  y no integradas en el sentido estricto de la palabra a los ciudadanos.

En el caso del SAPGRU, se han diseñado dos proyectos pilotos para implantarse en este organismo, los cuales se denominan: 1  (http://www.puentesobreellago.co)  , y 2 Sistema Prepago de Peaje del Puente General Rafael Urdaneta; estos proyectos tienen como característica fundamental el uso de la TIC, con el objeto de darle cumplimiento a la normativa establecida en el art. 12 de la Ley Orgánica de Administración Pública Nacional, la cual señala: "... a fin de dar cumplimiento a los principios establecidos en esta ley los órganos y entes de la Administración Pública deberán utilizar las nuevas tecnologías que desarrolle la ciencia, tales como los medios electrónicos, informativos y telemáticos, para su organización, funcionamiento y relación con las personas..."  

En el portal http://www.puentesobreellago.com  se persigue colocar información sobre 1. los servicios que presta el SAPGRU, 2. normativa que lo regula, 3. las tarifas por concepto de peaje del puente, 4. misión, 5. visión, 6. organización, 7. video demostrativo de la presentación de luces del Puente, 8. buzón de denuncias y sugerencias, 9. video en transmisión en tiempo real del tráfico del Puente, y 10. cualquier otra información que se considere relevante.

 El segundo proyecto: Sistema Prepago de Peaje del Puente General Rafael Urdaneta, es un sistema electrónico de pago del servicio por adelantado, utilizando la tecnología de las tarjetas inteligentes, donde un micro chip almacenará toda la información del dinero pagado por adelantado y la identificación del usuario. El objetivo primordial es facilitar y acercar el contacto con los ciudadanos, racionalizar el tiempo de las tramitaciones que realizan los particulares, para que de esta forma mejore su eficacia, pertinencia y utilidad. Pues, por ejemplo: cuando un ciudadano o empresa que trabaje en el área de carga  decida planificar sus viajes, va a tener la posibilidad de consultar en línea, las tarifas que se le aplican por concepto de peaje conforme al tipo de vehículo que posea o la carga que transporte, prepagarlo para luego pasar el Puente con un tiempo mínimo de espera, sin los inconvenientes de llevar grandes sumas de dinero en efectivo y si tiene algún contratiempo puede realizar sus reclamos o sugerencias a través de la página de internet.

En fin, son sólo algunos de los casos de servicios que presta el Estado venezolano mediante mecanismos de comunicación electrónica en la búsqueda de acercar la gestión pública al ciudadano.             

Decreto con Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Sobre Adscripción de Institutos Autónomos, Empresas del Estado, Fundaciones, Asociaciones y Sociedades Civiles del Estado a los Órganos de la Administración Central.

Artículo 8. Quedan bajo la adscripción del Ministerio de Trabajo los siguientes Organismos:

• 1. Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
• 2. Instituto de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET).

Qué es el IVSS.

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es una institución pública, cuya razón de ser es brindar protección de la Seguridad Social a todos sus beneficiarios en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paroforzoso, de manera oportuna y con calidad de excelencia en el servicio prestado, en atención al marco legal, bajo la inspiración de la justicia social y de la equidad, garantiza el cumplimiento de los principios y normas de la Seguridad Social a todos los habitantes del país, de manera oportuna y con calidad de excelencia en los servicios prestados.

Para ello realiza determinados procesos, uno de ellos es la afiliación de empleados y patronos para que estos posean un sistema de seguridad social.

Reseña Histórica.

El 9 de octubre de 1944, se iniciaron las labores del Seguro Social, con la puesta en funcionamiento de los servicios para la cobertura de riesgos de enfermedades, maternidad, accidentes y patologías por accidentes, según lo establecido en el Reglamento General de la ley del Seguro Social Obligatorio, del 19 de febrero de 1944. En 1946 se reformula esta Ley, dando origen a la creación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, organismo con responsabilidad jurídica y patrimonio propio. Con la intención de adaptar el Instituto a los cambios que se verificaban en esa época, el 5 de octubre de 1951 se deroga la Ley que creaba el Instituto Central de los Seguros Sociales y se sustituye por el estatuto Orgánico del Seguro Social Obligatorio. Posteriormente, en 1966 se promulga la nueva Ley del Seguro Social totalmente reformada el año siguiente es cuando comienza a ser aplicada efectivamente esta Ley, que fundan los seguros de Enfermedades, Maternidad, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en el seguro de asistencia médica; se amplían los beneficios además de asistencia médica integral, se establece las prestaciones a largo plazo (pensiones) por conceptos de invalidez, incapacidad parcial, vejez y sobrevivientes, asignaciones por nupcias y funerarias.

Se establece dos regímenes, el parcial que se refiere solo a prestaciones a largo plazo y el general que además de prestaciones a largo plazo, incluye asistencia médica y crea el Fondo de Pensiones y el Seguro Facultativo.

En 1989 se pone en funcionamiento el Seguro de Paro Forzoso, mediante el cual se amplía la cobertura , en lo que respecta a Prestaciones en Dinero, a los trabajadores y familiares; modificándose posteriormente para ampliar la cobertura e incrementar el porcentaje del beneficio y la cotización.

En la actualidad el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), se encuentra en un proceso de adecuación de su estructura y sistemas a fines de atender las necesidades por la población trabajadora.

Cuál es la misión.

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es una institución pública, cuya razón de ser es brindar protección de la Seguridad Social a todos sus beneficiarios en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso, de manera oportuna y con calidad de excelencia en el servicio prestado, en atención al marco legal.

Cuál es la visión.

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, bajo la inspiración de la justicia social y de la equidad, garantiza el cumplimiento de los principios y normas de la Seguridad Social a todos los habitantes del país, de manera oportuna y con calidad de excelencia en los servicios prestados.

Objetivos.

Sus objetivos son los siguientes:

• A. Aplicar el Régimen de los Seguros Sociales en el ámbito nacional.
• B. Brindar protección a los empleados y obreros, ante las contingencias de vejez, invalidez, sobreviviente y paro forzoso, así mismo prestar ayuda económica en los casos de incapacidad temporal, nupcias y funerarias.
• C. Conformar y regular los procesos inherentes al Servicio de Registro e Información del Sistema de Seguridad Social Integral.
• D. Prestar asistencia médica curativa y preventiva a todos los venezolanos.
• E. Desarrollar los mecanismos necesarios que garanticen la prestación de los servicios médicos en estructuras cónsonas y adecuada dotación de recursos.
• F. Establecer los Procesos de Liquidación y Recaudación de los Recursos Financieros del Sistema de Seguridad Social Integral y su distribución a los respectivos subsistemas.

Situación Actual de Centros Asistenciales del IVSS. - Anzoátegui

BARCELONA.- Al Hospital Domingo Guzmán Lander de Las Garzas, llegaron desde el nivel central dos unidades de calorradiante o unidades de reanimación neonatal y un equipo de laparoscopia.
El director de ese recinto asistencial, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Sergio López, señaló que los primeros aparatos están valorados en 50 millones de bolívares cada uno y el último en Bs. 60 millones.

"Esto nos va a permitir mejorar nuestros servicios. Estamos trabajando para que los usuarios se sientan bien en el hospital".

El funcionario también señaló que en estos momentos «todos los servicios de ese nosocomio se encuentran funcionando sin problemas».

López quien también es coordinador regional del IVSS, destacó que están a la espera de nuevos equipos médicos para el Guzmán Lander y para el Hospital César Rodríguez Rodríguez de Guaraguao. Además acotó que "Eso se sigue gestionando".

PUERTO LA CRUZ.- En lo que va de 2005 el Hospital César Rodríguez Rodríguez de Guaraguao, Puerto La Cruz, sólo ha recibido 50% de la partida que le corresponde para la compra de insumos y material médico quirúrgico, según lo advirtió su subdirector administrativo Nelson Magallanes.
El directivo de este centro asistencial adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) explicó que por este concepto deberían recibir 82 millones de bolívares mensuales, pero les envían 41 millones, que son insuficientes.

Por esta razón manifestó que resultó bastante significativo que ayer llegara a Guaraguao un importante suministro de medicamentos y materiales asignados por el IVSS central.

"En estos momentos no tenemos el monto en bolívares de los insumos, lo cierto es que ayudarán a que el funcionamiento del hospital sea más eficaz. La comunidad tendrá acceso a una mejor atención".

El subdirector administrativo del Seguro Social porteño señaló que los insumos, que recibieron este miércoles en horas de la mañana, fueron transportados al nosocomio en cinco camiones. "Estamos muy contentos".

Nelson Magallanes se refirió luego al servicio de consultas externas y aseguró que en estos momentos está operando al 100 por ciento de su capacidad.

PROYECTO DE LEY DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

En la redacción del texto se han planteado que no se deben considerar los servicios públicos como un negocio y que el debate es si el papel del Estado en estos casos es de regulador, de prestador o una combinación de ambos. Igualmente se plantea si ésta debe ser una Ley marco que establezca políticas para todos los prestadores y armonice con las leyes existentes o por el contrario, ésta debe regular a sectores que cuentan con sus propias leyes.

Vivas expresó que otro punto de debate son los modos de gestión y la relación que debe existir entre el Estado y la sociedad, ya que la Constitución permite la delegación del control y la gestión a las comunidades organizadas y los consejos comunales.

Explicó que en la Ley, los servicios públicos son definidos como bienes de propiedad colectiva y de interés público que forman parte del salario social. Indicó que efectivamente se pretende lograr una ley que armonice con todos los sectores y en tal sentido se busca determinar el papel del sector privado como prestador de servicios, debido a que sus utilidades deben ser rediseñadas en una función social y no de la manera tradicional, sin embargo, enfatizó que, dado que el régimen es una democracia participativa, no se pretende imponer la Ley, sino "fomentar la consulta pública para que todos los sectores involucrados emitan su opinión sobre como deben ser regulados, gestionados y administrados los servicios públicos".

 La Superintendencia de Servicios Públicos:  

En cuanto a las funciones de la Superintendencia, indicó la Dra. Uribe que son básicamente dos: la vigilancia preventiva y la de control, sanción e intervención. Con respecto a la primera función se caracteriza por el monitoreo de los mercados de electricidad, gas, telecomunicaciones y aseo, realiza diagnósticos sectoriales que incluyen la evaluación de la gestión particular de las empresas e identifica los factores de riesgo financiero, además provee información técnica y de determinados indicadores a través del manejo del Sistema Único de Información. La función de control, sanción y prevención permite llegar a acuerdos de mejoramiento, de programas de gestión de las empresas y de mecanismos de participación ciudadana. Adicionalmente, cuando las empresas presentan crisis financieras, la Superintendencia interviene para garantizar que se continúe prestando el servicio con la adopción de las medidas necesarias para preservar el servicio de manera eficiente, así como aplica las sanciones a que hubiere lugar. El modelo de vigilancia y control que realiza la Superintendencia de Servicios Públicos contempla la utilización del Sistema Único de Información a través del cual se dispone de una gran cantidad de información técnica, macroeconómica, operativa, comercial, financiera, riesgo, análisis sectorial, Relación Cliente- Proveedor, y cumplimiento regulatorio. Posteriormente con la evaluación de esta información se procede entre otras cosas a la construcción de indicadores, a la vigilancia y monitoreo de los mercados, a evaluación de las tendencias sectoriales y de la gestión de las empresas de cada grupo, que permita determinar el encender las alarmas por posibles dificultades o factores críticos que puedan presentarse a mediano y largo plazo. Luego de este primer análisis se pasa a la etapa de control que se ejerce sobre las empresas, asesorándolas con esquemas de mejores prácticas que las ayude a encontrar soluciones integrales para lograr la viabilidad empresarial, adicionalmente se realizan inspecciones periódicas de seguimiento y se aplican las sanciones a que hubiere lugar por los incumplimientos.

Para ejemplificar, mostró el seguimiento que se realiza a la evolución del mercado mayorista eléctrico y cómo la actuación de la Superintendencia ha permitido tomar acciones correctivas para bajar los precios.

En el caso del sector de telecomunicaciones está bastante restringido el ámbito de participación de la Regulación y de la Superintendencia, ya que sólo se realiza a la telefonía básica.

Mencionó también la complejidad del proceso de vigilancia y control del servicio de acueductos y alcantarillado, en el cual participan más de 11 mil prestadores y donde la mayoría son monopolios naturales, mientras que el servicio de aseo es altamente competido y está en manos privadas.

Indicó que todos estos servicios públicos se financian mediante tarifas, esquemas de subsidios cruzados entre usuarios y por transferencias fiscales de los gobiernos centrales y locales. Las tarifas están en función de los costos económicos fijados por el regulador y no se permite el traslado de costos ineficientes a los usuarios. Finalmente concluyó diciendo que como resultado de la aplicación de este esquema de regulación, Colombia ha mejorado su cobertura en la prestación de servicios públicos.

En primera instancia el Dr. José Araujo Suárez, abogado venezolano experto en materia regulatoria, tuvo a su cargo la introducción de este Panel realizando una breve reseña del origen y evolución de la regulación de los servicios públicos domiciliarios en el mundo. Indicó que "en la regulación de los servicios públicos debe existir un equilibrio entre dos lógicas que parecen contrapuestas, por un lado el interés general, el interés colectivo, el interés social y por el otro, están los derechos por las libertades humanas individuales". Así mismo mencionó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar, a través de una regulación efectiva, la prestación de los servicios públicos.

"Las fallas en la regulación pueden incidir de forma negativa en un sector o en una actividad si se regula mal. El gran reto, no solamente para la Asamblea Nacional, sino para la sociedad, es que la regulación de actividades como los servicios públicos sea de calidad, ya que los costos y beneficios de esta regulación van a incidir en ese sector y puede ir a favor o en contra de los objetivos que se persiguen, que son fundamentalmente: la eficiencia económica y el bienestar social. Estos dos objetivos a conseguir dependen en gran medida de la calidad y transparencia de la regulación, de que las reglas de juego sean objetivas, transparentes y predecibles para aquellos sectores que persiga regular", culminó el Dr. Araujo.

Por otra parte, la Dra. Alice Sader de La Electricidad de Caracas, indicó que aunque no existe una única definición de servicios públicos, todas las regulaciones tienen como principio fundamental el bienestar colectivo, y en el caso del proyecto de Ley de Servicios Públicos de Venezuela es fundamental definir el objetivo que se quiere alcanzar y el mejor modelo para alcanzarlo. Asimismo es necesario evaluar si en la sociedad venezolana se dispone de una cantidad de servicios públicos con los niveles de calidad adecuados y que la regulación que se plantee logre armonizar y equilibrar los diferentes desarrollos sectoriales que se requieren para lograr tales niveles de calidad, ya que tanto la cobertura como la calidad de los servicios públicos son indicadores de la calidad de vida de los ciudadanos de una nación y esto tiene importancia a nivel constitucional.

Adicionalmente manifestó que es necesario evaluar la situación regulatoria actual de cada uno de los servicios públicos, y tratar de armonizar y coordinar las diferentes competencias de cada ente involucrado. Además indicó que la promulgación de un instrumento de esta naturaleza debe contemplar la constitución de unos entes técnicos de carácter independiente para asegurar que se cumpla el cometido de los servicios públicos de que se trate.

 Hacia una Ley de Servicios Públicos

Adicionalmente, el Diputado de la Asamblea Nacional, Luis Contreras, quien preside la Subcomisión de Servicios Públicos, expuso al auditorio las motivaciones y objetivos del proyecto de Ley de Servicios Públicos, la cual está conformada por 36 artículos.

En su exposición, el diputado se refirió a los servicios públicos domiciliarios como aquellos que buscan el bienestar colectivo y enmarcó la motivación del proyecto de Ley en el mandato que da la Constitución Nacional a la Asamblea en cuanto a la promoción de las condiciones que aseguren la prosperidad y el bienestar del pueblo.

En referencia a la responsabilidad de los servicios, el diputado Contreras señaló que concibe la Ley como una "corresponsabilidad" entre el Estado y la comunidad organizada, lo cual se hará, según explicó, a través de los Consejos Comunales, que "son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social". En cuanto a las reglas generales para la solución de conflictos, indicó el diputado, la Ley prevé que se haga a través de los mecanismos regulares, la Defensoría del Pueblo, el Indecu o cualquier otra instancia que se considere pertinente.

Recuerden el trabajo con la Alcadia.  los equipos pendientes por exposicion en la sección 02 prepararse para el viernes 20/11/09, estamos en contacto, y feliz semana del estudiante UNIVERSITARIO.

QUE LA CHINITA LOS BENDIGA MAÑANA EN SU DIA.

servido por nilda gioconda 43 comentarios compártelo