Equipo 5: Modelo de Regulación del Servicio Público del Saneamiento Ambiental en América Latina. Fecha de exposicion viernes 13/11/2009.

 

Saneamiento Ambiental en el Perú:

En el sector saneamiento del Perú, se han logrado importantes avances en las últimas dos décadas del siglo XX y primera del siglo XXI, como el incremento del acceso de saneamiento del 9% al 30% entre los años 1985 al 2004 en las áreas rurales. Asimismo, se han logrado avances en la desinfección del agua potable y el tratamiento de aguas negras. Sin embargo, quedan muchos retos en el sector, tal como:

• Insuficiente cobertura de servicios;
• Mala calidad de la prestación de servicios que pone en riesgo la salud de la población;
• Deficiente sostenibilidad de los sistemas construidos;
• Tarifas que no permiten cubrir los costos de inversión, operación y mantenimiento de los servicios;
• Debilidad institucional y financiera; y
• Recursos humanos en exceso, poco calificados y con alta rotación.

Desinfección.

En áreas urbanas las 43 empresas que prestaron información cumplieron con los niveles de cloro residual en las redes. Son muy raros los casos de ausencia de cloro en las redes de distribución de agua.

Sin embargo, el problema principal se presenta en el ámbito rural; de una muestra de 1.630 sistemas analizados, el 59% no desinfecta al agua por carecer de sistemas o insumos necesarios. Considerando que en localidades con menos de 2.000 habitantes se tiene alrededor de 11.800 sistemas, se puede concluir que cerca de 7.000 en el ámbito rural no contaría con sistemas de desinfección.^[]

En el año 2000 el porcentaje de sistemas de abastecimiento de agua potable que usaron la desinfección fue del 80% en áreas urbanas. Otra fuente estima que solamente la mitad del agua distribuida en pequeñas redes privadas en áreas urbanas recibe algún tipo de desinfección.

Tratamiento de aguas negras.

La cobertura de tratamiento de aguas servidas se estimó en 27% a nivel nacional en el año 2007. Es decir que casi las tres cuartas partes de las aguas residuales generadas no recibieron ningún tipo de tratamiento previo a su disposición final, lo cual representa un serio problema de contaminación al medio ambiente. La cobertura de tratamiento de aguas residuales en el año 1997 fue de un 13%. En el año 2005 solamente dos empresas trataron todas sus aguas negras, entre ellas la empresa de la Provincia de Marañón.

La gran mayoría de las aguas negras del área metropolitana de Lima-Callao se descargan sin tratamiento al mar, resultando en una fuerte contaminación de las playas. El Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC) acordó un préstamo para el saneamiento de Lima-Callao en el año 1997, pero las obras no se han ejecutado hasta la fecha.
La Ley General de Servicios de Saneamiento establece que el Ministerio de Salud participará en políticas de saneamiento ambiental y calidad de agua, tarea que es desempeñada por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). Las actividades de capacitación y educación sanitaria, formando Juntas Administradoras de Agua Potable y supervisándolas del Ministerio de Salud se transfirieron, según la ley, a las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), empresas dedicadas al servicio de agua potable y alcantarillado en el medio urbano. Muy pocas EPS de hecho brindan este tipo de servicio a las Juntas en áreas rurales.

En la actualidad, DIGESA, además de la responsabilidad de formular políticas y dictar normas de calidad sanitaria y protección ambiental, prestaba apoyo en la formulación de proyectos y construcción de sistemas de agua potable y sistemas de disposición de excretas en el medio rural, labor que ejerce de manera coordinada con la Direcciones de Salud (DISA) existentes en cada departamento del país.

2001-2006: Nuevos modelos de gestión - Una reforma silenciosa? En el año 2002, durante la administración de Alejandro Toledo (2001-2006), se creó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como ente rector del sector.

En el año 2004 se inicia la ejecución del PRONASAR (Proyecto Nacional de Agua y Saneamiento Rural), ejecutado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con el apoyo del Banco Mundial. Con este programa la modalidad de intervención en los ámbitos rurales y de pequeñas ciudades cambia con relación al modo en que se venía efectuando, ya que en éste se daba una mayor importancia a la ejecución de infraestructura sin considerar la sostenibilidad de los sistemas construidos.

El PRONASAR en cambio comprende, en el ámbito rural, la mejora o ampliación de sistemas existentes y la construcción de sistemas nuevos, la capacitación y formación de Juntas de Agua y Saneamiento (JASS) para la administración de los sistemas, el fortalecimiento de capacidades municipales así como educación en salud e higiene a los usuarios. En cuanto a las pequeñas ciudades, comprende la implementación de nuevos modelos de gestión de la prestación de los servicios de Agua y Saneamiento a través de operadores especializados, el fortalecimiento de capacidades municipales, la educación en salud e higiene a los usuarios y el mejoramiento, rehabilitación o ampliación de los sistemas existentes.

Política y regulación.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el ente rector del sector a través del Viceministerio de Construcción y Saneamiento (VMCS) y de la Dirección Nacional de Saneamiento(DNS). El Ministerio fórmula, aprueba, ejecuta y supervisa la aplicación de las políticas de alcance nacional en materia de agua potable y saneamiento. El Ministerio se creó el 11 de junio de 2002 bajo la Ley Nº 27779, Ley Orgánica. Desde dos décadas se discuten varios anteproyectos de una Ley General de Aguas para el manejo de recursos hídricos. Sin embargo, ninguna Ley se aprobó.

El ente regulador del Sector es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). Sus funciones son supervisar, regular, normar, fiscalizar, sancionar y resolver controversias y reclamos de los usuarios de acuerdo con los alcances y limitaciones establecidas en la ley. Este organismo se financia con el 1% de la facturación de las Empresas Prestadoras de Servicios. SUNASS es un organismo descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería de derecho público interno y con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera.

Asimismo, participan en el sector el Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y la Dirección Ejecutiva de Saneamiento Básico (DESAB), entidades que ejercen funciones en los aspectos sanitarios de la calidad del agua para consumo humano y la protección del ambiente para la salud.

Otras instituciones que actúan y participan en el sector son el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tiene injerencia específica en los aspectos de planificación económica sectorial y normativa relacionada a las finanzas; las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y el Sector Privado, entre otras.

El Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), un Fondo Social creado en 1991, canaliza recursos para inversiones en áreas rurales y urbanas marginales en varios sectores, incluyendo agua potable y saneamiento. En el marco del proceso de descentralización del Estado, desde octubre de 2003, FONCODES transfiere recursos a los municipios distritales verificados para proyectos de infraestructura social, les brinda asistencia técnica y contribuye a mejorar capacidades para el manejo responsable de la inversión social. El FONCODES depende del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES). Desde el inicio del PRONASAR el FONCODES se está retirando de actividades en agua y saneamiento en áreas rurales.

Unos 46 empresas prestadores de servicios se han organizados en la Asociación Nacional de Entidades Prestadores de Servicio de Saneamiento del Perú (ANEPPSA) para "promover la excelencia en la gestión de servicios de saneamiento" a través de capacitación y intercambio de experiencias.

Pago por servicios ambientales.

Algunas comunidades con sistemas de agua potable pagan por servicios ambientales (protección de la cuenca donde se encuentra la fuente de agua) a los habitantes en la parte alta de la cuenca. La primera experiencia de este tipo se realizó en Moyobamba, con el apoyo de la GTZ.

PRONASAR Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR) tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población rural del país, disminuyendo la incidencia de enfermedades diarreicas a través de la implementación y el mejoramiento de la calidad de los servicios de agua y saneamiento , la adopción de mejores prácticas de higiene por parte de la población, el fortalecimiento de las capacidades de la Municipalidad y otras organizaciones responsables de la sostenibilidad. El programa es parcialmente financiado con un préstamo del Banco Mundial. En 2007 se han invertido 37 millones Soles (US$12 million).

El Programa de apoyo a la reforma del sector de saneamiento (PARSSA).

El PARSSA contribuye con los sectores de menores ingresos a contar con servicios de agua y saneamiento básico. El programa promueve la participación del sector privado y la eficiencia en la prestación de los servicios y las inversiones del subsector saneamiento. Ha financiado inversiones de 350 millones Soles entre 2001 y 2005, financiado por parte de préstamos externos (130 millones), donaciones externas (29 millones) y recursos nacionales. El financiamiento externo es principalmente del Gobierno de Japón. En 2007 se han invertido 56 millones Soles (US$19 million).

Saneamiento Ambiental en Colombia:      

El acceso al saneamiento en Colombia y la calidad de estos servicios ha aumentado significativamente durante la última década. Sin embargo, aún quedan desafíos importantes, incluso una cobertura insuficiente de los servicios, especialmente en zonas rurales y una calidad inadecuada del servicios de saneamiento. En comparación con algunos otros países de América Latina, el sector está caracterizado por altos niveles de inversiones y de recuperación de costos, la existencia de algunas grandes empresas públicas eficientes y una fuerte y estable participación del sector privado local.

Acceso

 

SANEAMIENTO		Urbano (77% de la población)	Rural (23% de la población)	Total
	Definición amplia	96%	54%	86%
	Alcantarillado	90%	20%	74%

En el año 2004, la población con acceso a un saneamiento adecuado representaba el  86%. La población rural, que representa aproximadamente el 23% de la población total del país, mostraba las tasas de cobertura más bajas, ya que sólo el 54% tenia acceso a un saneamiento adecuado. La cobertura es menor en la Costa Atlántica (región del Caribe), en la Orinoquía y en la Amazonía. Entre 1990 y 2004, el acceso a saneamiento subió del 82% al 86%.

Los sistemas de alcantarillado no tienen la capacidad hidráulica suficiente para manejar los flujos de aguas residuales, especialmente en los barrios pobres, lo que redunda en problemas de desborde. En 2006, el 26% de las aguas residuales generadas en el país recibió algún tipo de tratamiento. El restante 75% de las aguas se descarga sin ningún tipo de tratamiento, contaminando una parte significativa de los recursos naturales de agua.

Creación de un Viceministerio de Agua y Saneamiento y Planes Departamentales

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez quiere elevar el perfil del sector para dar mayor impulso al incremento de la cobertura, sobrepasando los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el sector en Colombia, y mejorando la calidad del servicio, especialmente en pequeñas ciudades y en áreas rurales que tienen la mayor brecha de servicios.

Para este fin en 2006 se creó el Viceministerio de Agua y Saneamiento, el cual ha iniciado cuatro programas nuevos:

• Planes Departamentales de Agua y Saneamiento
• Programa de Saneamiento para Asentamientos (SPA) en el marco de un Programa de Mejoramiento Integral de Barrios
• Programa de Saneamiento de Vertimientos Municipales para incrementar el volumén de aguas municipales tratadas
• Programa de Lavado de Manos

El programa de Planes Departamentales de Agua y Saneamiento sirve para planificar y armonizar los recursos y esquemas regionales de prestación de servicios al nivel de cada departamento del país. El Programa será implementado primero en cuatro departamentos que tienen entre las más difíciles condiciones, que son Sucre, Córdoba, Magdalena y La Guajira. También busca enfrentar la atomización del sector en muchas pequeñas empresas para beneficiar de economías de escala.

Responsabilidad para saneamiento.

 Las responsabilidades del sector de saneamiento en Colombia están definidas en la Constitución de 1991, en la Ley 142 de 1994 (Ley de Servicios Públicos Domiciliarios) y en la legislación subsiguiente.

Política y regulación.

El Viceministerio de Agua y Saneamiento, creado en octubre de 2006 bajo el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, está a cargo de establecer la política sectorial. Estas políticas sectoriales se definen en el marco de políticas nacionales establecidas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

El Gobierno se propone mejorar el desempeño del sector de agua y saneamiento mediante las siguientes medidas: (i) fortalecimiento del marco regulador; (ii) implementación de programas de asistencia técnica; (iii) apoyo financiero para promover la modernización y la gestión eficiente, así como el subsidio de los pobres; y (iv) racionalización del marco institucional en el ámbito nacional para mejorar la coordinación del sector. El Gobierno también respalda la participación de la empresa privada en el sector.

 

Saneamiento Ambiental en Honduras:

La cobertura de servicios de saneamiento en Honduras ha aumentado significativamente durante las últimas décadas. Sin embargo los servicios evidencian deficiencias en cuanto a su calidad y eficiencia, y todavía persisten las brechas en cobertura, en especial en las zonas rurales.

En 2003 se aprobó una nueva Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento. Esta ley prevé la descentralización de los servicios de la empresa nacional Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) a los municipios. También crea un ente rector y un regulador del sector. Sin embargo, las nuevas instituciones no son aún lo suficientemente fuertes y la descentralización ha sido un proceso lento. Hace falta también una política de financiamiento en el sector.

Política y regulación: El CONASA y el ERSAPS.

De acuerdo con la Ley Marco del Sector Agua del 2003, las políticas sectoriales son definidas por el Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), el cual es presidido por el Ministro de Salud. La regulación es responsabilidad del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS).

Antes de promulgarse la Ley del Sector de Agua y Saneamiento no existía el marco regulatorio para su aplicación en procesos descentralizados como los desarrollados en las ciudades de San Pedro Sula y Puerto Cortés. Con el propósito de crear un proceso sostenible, se constituyeron localmente instancias reguladoras de los contratos de concesión de los servicios de agua potable y saneamiento, tal como sucedió en la ciudad de Puerto Cortés donde se creó un ente regulador a nivel municipal que incluye representantes de la sociedad civil seleccionados por sus respectivos colegios profesionales (médicos, ingenieros y abogados).

Experiencias innovadoras.

El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) ha establecido una Unidad Ejecutora de Barrios en Desarrollo (UEBD) para mejorar el servicio a los barrios en desarrollo al margen de la capital con el apoyo de UNICEF y de otras agencias de apoyo externo.

Entre otros, el SANAA ha promovido desde 1995 la instalación de alcantarillado simplificado para reducir significativamente (más de 30%) los costos de inversión en estos barrios. Las comunidades han contribuido con un 50% de los costos. La inversión no es donada completamente a la comunidad, ya que la misma se devuelve parcialmente a un fondo rotatorio que es usado para reparaciones mayores. Se han construido alcantarillados sanitarios en 56 barrios, atendiendo una población de 47,550 habitantes.

Saneamiento Ambiental en México:

Si bien México se precia de tener algunos de los mejores organismos operadores de saneamiento de América Latina, también cuenta con algunos cuyo desempeño es deplorable. El acceso, la eficiencia y la calidad de los servicios saneamiento varían mucho de una localidad a la otra, reflejando en gran medida los diferentes niveles de desarrollo en todo el país. En general, el sector de saneamiento mexicano está marcado por los siguientes problemas:

• baja eficiencia técnica y comercial en la prestación de los servicios;
• calidad deficiente de los servicios de saneamiento, especialmente en lo que respecta al tratamiento de aguas residuales;
• cobertura insuficiente en las zonas rurales más pobres.

Provisión de servicios.

Según la Constitución mexicana, la responsabilidad por la entrega de servicios de saneamiento recae en 2,446 municipalidades desde la descentralización del año 1983. Sin embargo, unos cuantos de los 31 estados entregan servicios a través de empresas estatales de agua que actúan en nombre de las municipalidades. La mayoría de los estados también cuentan con agencias estatales de abastecimiento de agua ya establecidas que desempeñan distintos roles según el estado, tales como asistencia técnica a los proveedores de servicio, apoyo en la planificación de inversiones, y canalización de los subsidios federales. En algunos casos, las agencias estatales proporcionan los servicios de agua y saneamiento directamente. En áreas rurales, las Juntas de Agua son responsables por el abastecimiento de la misma.

Políticas.

Las políticas federales que rigen el sector de saneamiento son establecidas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), una dependencia autónoma de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Según la Ley de Aguas Nacionales de 1992, la CONAGUA establece un sistema nacional de información y publica informaciones sobre el sistema de aguas nacionales y elabora balances en cantidad y calidad del agua a nivel regional. La estrategia sectorial del gobierno federal se concentra en proporcionar subsidios a la inversión para los proveedores de servicios mediante una variedad de programas destinados a mejorar la cobertura y la eficiencia. En 2004, una enmienda a la Ley de Aguas Nacionales de 1992 contemplaba la transferencia de ciertas funciones, tanto del ámbito federal como del estatal, a las recién creadas instituciones a nivel de cuencas hidrológicas, incluyendo decisiones financieras, mediante la creación de un Sistema Financiero del Agua. Las disposiciones de la nueva ley aún no han sido implementadas.

Saneamiento Ambiental en Argentina.

Argentina enfrenta cinco desafíos significativos en el sector saneamiento: (i) baja cobertura con un alto grado de prestación de servicios para su nivel de ingresos; (ii) calidad deficiente de los servicios; (iii) altos niveles de contaminación de las fuentes y los cuerpos receptores; (iv) reducida recuperación de costos; y (v) definición deficiente de la asignación de responsabilidades entre las instituciones del sector.

Saneamiento.

En lo referente al saneamiento, los sistemas de recolección de las aguas residuales son insuficientes para manejar el creciente flujo, a medida que un número cada vez mayor de hogares se conecta a los sistemas de alcantarillado, lo que provoca frecuentes desbordes.

La parte de las aguas residuales que recibe tratamiento varía en gran escala entre las provincias del país. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a nivel nacional, el 10% de las aguas servidas recibió tratamiento en 1999. En algunas capitales provinciales, como Mendoza, Córdoba, Tucumán, Neuquén, Jujuy, Salta y San Juan la mayor parte de las aguas residuales fue tratada, mientras que en las dos regiones urbanas más grandes del país, Buenos Aires y Rosario, el tratamiento no alcanza el promedio del país, lo que resulta en problemas graves para el medio ambiente.

Impacto en la salud.

Las enfermedades relacionadas con el agua más frecuentes en la Argentina son las gastrointestinales agudas, la paratifoidea, la fiebre tifoidea y las parasitosis intestinales. La diarrea es uno de los problemas de salud más acuciante. La incidencia media anual en niños menores de cinco años es de 3,5 episodios cada mil, uno de los cuales puede ser prolongado y dar lugar a una deshidratación, cuya gravedad varía de acuerdo al microorganismo infeccioso, la intensidad de la infección, la edad y el estado nutricional e inmunidad del niño. La hepatitis ("A" y las sin especificar) presenta una fuerte incidencia, registrándose en 1997 en el ámbito nacional 30.661 notificaciones, evidenciando marcados incrementos en coincidencia con las áreas de bajo nivel socioeconómico.

Contaminación de recursos hídricos.

El control de los efluentes industriales es muy débil, debido a la superposición de responsabilidades. A esto se le debe sumar la falta de una cultura de la preservación de los recursos naturales. El resultado es una fuerte contaminación de las fuentes, tanto superficiales como subterráneas, en casi todos los conglomerados urbanos. En las zonas de explotación agrícola intensiva, el uso descontrolado de agroquímicos contribuye a la contaminación de los recursos hídricos.

Acontecimientos recientes.

En 2008 se puso en marcha una nueva estrategia de mejoramiento de la infraestructura sanitaria del área metropolitana de Buenos Aires, que concentra a más de un tercio de la población del país. La misma consiste en la construcción de grandes conductos en las márgenes de los ríos (Río de la Plata y Riachuelo), destinados a recoger los efluentes que llegan a través de los conductos de alcantarillado sanitario y pluvial. Estos efluentes serán concentrados en dos puntos desde los cuales se inyectarán al Río de la Plata mediante emisarios de 5 km de longitud más 2 km de difusores. Así se espera mejorar la calidad de las aguas costeras, inyectando los efluentes a mayor distancia de la costa respecto a la situación actual. Esta estrategia se basa en la dilución como método de tratamiento, aprovechando el gran caudal del Río de la Plata (del orden de los 22.000 m³/s promedio) y su alto contenido de oxígeno disuelto (8 mg/L), dejando para una etapa posterior la resolución de la contaminación con metales pesados, hidrocarburos y otras sustancias no diluibles. Recientemente se inició el proceso de licitación para la construcción de las obras principales de este nuevo plan.

Políticas y regulación.

Siendo la Argentina un país federal, las provincias tienen a su cargo la responsabilidad de formular las políticas del sector y establecer las normas en su zona de competencia. Las instituciones suelen ser débiles y propensas a la interferencia política, lo que dificulta la aplicación de las normas. La autonomía de las provincias resulta en una gran diversidad de ordenamientos institucionales para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el país, dificultando la generación de una visión nacional del sector.

En el ámbito nacional, a pesar de los avances recientes en cuanto a una definición más clara de las responsabilidades, el marco institucional continúa careciendo de coherencia y la coordinación entre los actores federales es deficiente. La Subsecretaría de Recursos Hídricos, a través de la Secretaría de Obras Públicas, propone las políticas del sector ante el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, encargado de aprobarlas. Dentro de este marco político, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), una entidad descentralizada dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, proporciona financiamiento y asistencia técnica a los proveedores de servicio. Por otra parte asesora a la Secretaría de Obras Públicas, influyendo de hecho en la política sectorial. Recientemente se le ha otorgado al ENOHSA la facultad de ejecutar directamente obras de infraestructura. Esto ha suscitado cierta confusión entre sus funciones de hacedor de políticas, distribuidor de recursos y ejecutor de obras.

No existe aún una ley nacional de agua y saneamiento, aunque algunas provincias ya tienen la suya. Esto dificulta la definición de una política nacional coherente en lo que se refiere a financiamiento, subsidios, tarifas y normas de servicio. La estructura federal del país y la dispersión y superposición de responsabilidades entre los distintos organismos de gobierno dificultan aún más el desarrollo de una política sectorial coherente.

Catorce de las 23 provincias cuentan con entes reguladores, aunque éstos suelen tener una capacidad limitada y responsabilidades institucionales no bien definidas. En la mayoría de los casos actúan como supervisores de los contratos de concesión, sin cubrir a las cooperativas y los proveedores municipales. En el caso del área metropolitana de Buenos Aires existen dos agencias, una a cargo de la planificación y otra a cargo del control de los servicios.

Los reguladores de todo el país están reunidos en AFERAS, la Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de la República Argentina.

Saneamiento Ambiental en Chile.

Los servicios de abastecimiento de saneamiento en Chile se caracterizan por sus altos niveles de cobertura y buena calidad. A diferencia de la mayoría de los demás países, el sector chileno saneamiento se distingue porque la mayoría de las empresas de abastecimiento urbano de agua son de propiedad privada o están operadas por actores privados.

Política y regulación.

La responsabilidad por las políticas sectoriales de Chile recae, primeramente, en el Ministerio de Obras Públicas, el cual otorga las concesiones y promueve el abastecimiento de agua y el saneamiento en zonas rurales a través de su Departamento de Programas de Saneamiento. La responsabilidad normativa en las zonas urbanas es compartida por el ente regulador económico, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y el Ministerio de Salud, el cual establece las normas de calidad del agua potable.

La SISS controla los servicios de agua potable y saneamiento según las normas de finanzas y calidad. Para garantizar la independencia política, fue creada como institución descentralizada con presupuesto propio. La SISS tiene el derecho de imponer multas a las empresas cuando observa una infracción de las normas, que directamente forman parte del presupuesto de la agencia. Además, la SISS recibe y revisa reclamos de los clientes y actúa conforme a la validez del reclamo. La agencia dispone de bases de datos de la totalidad de las 53 empresas sanitarias urbanas.

El sistema normativo del sector agua y saneamiento de Chile es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un modelo, no sólo para América Latina, sino también para Europa. Una de sus características más innovadoras es la utilización de un modelo de empresa eficiente hipotética que ayuda a determinar si los incrementos tarifarios que solicitan los proveedores de servicio son justificados.

 

Saneamiento Ambiental en Venezuela.

Los servicios de saneamiento en Venezuela se caracterizan por su insuficiente cobertura y bajo nivel calidad. Las inversiones en el sector son cambiantes, reflejando en cierta medida las fluctuaciones en los precios del petróleo. El sector enfrenta un proceso de descentralización desde 1991, pero su avance no ha sido constante. Una nueva ley sectorial, la cual fue aprobada en 2001, sólo ha sido puesta en práctica en forma parcial.

Prestación de los servicios

73% de la población atendida recibe servicios de agua y saneamiento de la empresa nacional de aguas HIDROVEN. El resto de la población es servido por cinco empresas estatales, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), algunas municipalidades y organizaciones comunitarias.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la prestación de los servicios es responsabilidad de las 335 municipalidades del país, los cuales son propietarios de la infraestructura de agua y saneamiento y que, en principio, también fijan las tarifas de estos servicios. Sin embargo, en la práctica, sólo unos cuantos de estos municipios cuentan con la capacidad y los recursos necesarios para cumplir con estas responsabilidades.

HIDROVEN

La C.A. Hidrológica de Venezuela (HIDROVEN) es la casa matriz del Agua Potable y Saneamiento del Sector Agua Potable y Saneamiento (Sector APS) en Venezuela. Fue constituida el 24 de mayo de 1990, funcionando conjuntamente con diez Empresas Hidrológicas Regionales, teniendo como responsabilidad desarrollar políticas y programas en materia de abastecimiento de Agua Potable, Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas y Drenajes Urbanos, así como el establecimiento de directrices para la administración, operación, mantenimiento y ampliación de los sistemas atendidos por cada una de sus filiales.

Las empresas filiales y descentralizadas que son regidas y supervisadas por HIDROVEN, son las siguientes:

• Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL), en el Distrito Capital y los estados Miranda y Vargas.
• Instituto Municipal Aguas de Sucre (IMAS), en el estado Miranda.
• HIDROANDES, estados Barinas y Trujillo.
• Aguas de Ejido.
• HIDROBOLÍVAR, estado Bolívar
• HIDROCARIBE, estados Anzoátegui, Nueva Esparta y Sucre.
• HIDROCENTRO, estados estados Aragua, Carabobo y Cojedes.
• HIDROFALCÓN, estado Falcón.
• Hidrológica del Lago de Maracaibo (HIDROLAGO), estado Zulia.
• HIDROLLANOS, estado Apure.
• HIDROPÁEZ, estado Guárico.
• HIDROSUROESTE, estado Táchira.
• Aguas de Monagas.
• HIDROLARA, en Lara.
• Aguas de Mérida.
• Aguas de Portuguesa.
• Aguas de Yaracuy.
• CVG-GOSH estados Amazonas y Delta Amacuro.

Cada empresa regional cubre entre uno y tres de los 23 estados del país. La responsabilidad en cuanto a fijación de tarifas dentro de los niveles máximos fijados por el gobierno nacional es compartida por las empresas regionales y las municipalidades.

HIDROVEN y sus empresas regionales afiliadas son los propietarios directos de parte de la infraestructura central para el abastecimiento de agua a las empresas municipales y estatales.

Corporación Venezolana de Guayana

En la región de Guayana, en los estado Delta Amacuro y Amazonas, los servicios de agua y alcantarillado para las zonas urbanas son proporcionados por la Gerencia de Obras Sanitarias e Hidráulicas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG-GOSH). La CVG es un conglomerado empresarial cuya principal actividad es la minería. En el estado Bolivar, la empresa encargada de la prestación del servicio de agua potable e industrial se llama HIDROBOLIVAR,C.A, creada en el año 2005.

Políticas y regulación.

El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente tiene a su cargo la definición de las políticas de agua y saneamiento para Venezuela, en concordancia con las políticas gubernamentales generales. Y en conjunto con el Ministerio del Poder Popular de Industrias Ligeras y Comercio fija las tarifas máximas permisibles para el sector.

 

Recuerden Investigar:

Sobre las Ordenanzas o Instrumentos juridicos que regulan los servicios publicos en los Municipios Valencia y Guacara, y las empresas contratistas prestatarias de los servicios públicos en los municipos antes indicados. Para entregar por equipo para el viernes 20 de noviembre de 2009. 

FELIZ SEMANA.

servido por nilda gioconda 55 comentarios compártelo