4.- Equipo 4: Modelo de Regulacion del Servicio Publico del energia electrica en America Latina. Fecha de exposicion Viernes 06/11/2009.

 Integración energética regional en América Latina

Aún cuando cada uno de los países de la región latinoamericana ha optado por esquemas propios, se han abierto caminos hacia la integración energética que han resultado en distintos tipos de configuraciones.

El Proyecto SIEPAC (Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central), entre los 6 países centroamericanos (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) tiene como fin conformar un mercado, basado en los principios de competencia, gradualidad y reciprocidad. Para estructurar este mercado regional se aprobó por parte de los Parlamentos de los seis países un Tratado Marco (bajo la figura jurídica de un Protocolo un regulador regional) y una empresa propietaria de una red que está en etapa de construcción. En estos momentos se realizan transacciones de oportunidad entre los seis países del área, utilizando las líneas existentes (de capacidad muy limitada), coordinadas por el Ente Operador Regional (EOR) y con base en normativa aprobada en forma provisional por el ente regulador (la Comisión Regional de Integración Regional, -CRIE-).

Uno de los principales retos de esta integración eléctrica estriba en que los países tienen diferentes estructuras de mercado eléctrico, desde los más liberalizados y privatizados, como es el caso de El Salvador, Panamá o Guatemala hasta los más estatizados y centralizados, como es el caso de Costa Rica y Honduras. Además el tratado debe enfrentar la existencia de problemas económicos y políticos; así como problemas de abastecimiento y costos elevados al interior de los diferentes países lo cual perjudicar el ritmo de la integración y hacerla avanzar a diferente velocidad en cada uno de ellos.

Los países del Área Andina que constituyen la Comunidad Andina de Naciones (CAN), son ricos en recursos energéticos tales como el petróleo, gas natural e hidroelectricidad. En base a ello, el autoabastecimiento de energía siempre apareció como una meta alcanzable para cada uno de los países y es por esa razón que el proceso de integración energética se orienta a la búsqueda de la eficiencia económica aprovechando las complementariedades que existen entre los países.

De hecho la armonización de normas para intercambios internacionales en el sector eléctrico de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela avanzó de una manera satisfactoria en años recientes, impulsada por los ministerios de energía y ejecutada con base en un esfuerzo conjunto de los entes reguladores de los cuatro países.

La necesidad de lograr la integración en materia energética, ha fomentado iniciativas tales como Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA23) iniciada en el año 2000 por mandatarios de América del Sur. IIRSA constituye un foro de diálogo entre las autoridades responsables de la infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones en 12 países suramericanos. Para el año 2007, los países que componen la Iniciativa IIRSA han acordado revisar los proyectos que se consideren prioritarios, tomando en cuenta los planes de desarrollo de cada país y el objetivo común de integración y desarrollo de América del Sur.

La iniciativa venezolana de Petroamérica se orienta al establecimiento de mecanismos de cooperación e integración, utilizando los recursos energéticos de las regiones del caribe, Centroamérica y Suramérica. El desarrollo de esta iniciativa de integración energética incluye, redefinir las relaciones existentes entre los países sobre la base de sus recursos y potencialidades; aprovechar la complementariedad económica, social y cultural para disminuir las asimetrías en la región; minimizar los efectos negativos que sobre los países de la región tienen los costos de la energía, originados por factores especulativos y geopolíticos y fortalecer otras iniciativas regionales.

En Petroamérica confluyen tres iniciativas subregionales de integración energética, que son Petrosur, donde se agrupan Argentina, Brasil, Venezuela y Uruguay; Petrocaribe, propuesta para compensar las asimetrías en el acceso a recursos energéticos, suscrita con 14 países de la región caribeña; y Petroandina, que incluye a los países que conforman la CAN (Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela).

Sector eléctrico

En el sector eléctrico, la competencia se establece en la actividad de generación, en base a la apertura del mercado al ingreso de nuevos generadores, con capacidad de relacionarse comercialmente directamente con los clientes. El transporte de la energía (transmisión y distribución) es prestado por monopolios naturales regulados, que operan con tarifas (peajes) regulados. La actividad de comercialización es potencialmente competitiva y comprende, entre otros, la facturación, la cobranza y el mantenimiento de un registro de consumo.

Con las reformas, se pretendía que la competencia dinamizara una actividad que, por la misma necesidad de mantener alta confiabilidad, se había vuelto muy conservadora y no permitía la afluencia de nuevas tecnologías. En el caso de América Latina, a las motivaciones anteriores hay que añadir una razón fundamental. Se trataba de la necesidad de captar inversiones de capitales externos e internos, ya que el financiamiento de las obras de expansión del sector generaba presiones a las empresas estatales.

La participación privada respondió a los problemas que mostraba el sector ya que el mundo financiero internacional miraba con buenos ojos las inversiones en los mercados emergentes, entre los que destacaba América Latina.

En el proceso de reformas, se pueden distinguir dos grupos de países. Por un lado, aquellos que tienen una demanda amplia con espacio para la competencia. En este caso los países que adoptaron un modelo de libre mercado, apreciaron resultados satisfactorios por ejemplo en las tarifas y en la mejora de la confiabilidad, lo que redundó en mejorar la imagen del sector público. Por otro lado, otros países que se caracterizan por el reducido tamaño de la demanda y en los que no se justificaba la introducción de competencia; en su lugar optaron por una estructura de comprador único lo que redundó en la captación de inversiones privadas (OLADE, 2004).

En líneas generales, las reformas adoptaron dos modalidades. La primera modalidad incluía el libre acceso a las redes, competencia en la generación y apertura parcial. Por su parte, la segunda modalidad consistía en estructuras monopólicas con una sola empresa integrada.

La primera modalidad, ejemplificada en el caso de Argentina y Perú, establece plena libertad de entrada en la generación. En este caso, las distribuidoras no están sujetas al suministro de una sola empresa, sea pública o privada, integrada o solamente generadora, pudiendo adquirir electricidad de cualquier proveedor. Lo mismo ocurre con los grandes consumidores o "clientes libres" que pactan sus tarifas con cualquier generador. Para estos efectos se estableció un mercado mayorista entre generadores, distribuidores y grandes clientes.

En Brasil se permite el acceso de terceros a la red de transmisión de energía. Con la privatización de la distribución y de parte de la producción de energía eléctrica, en el marco del nuevo modelo del sector, se han eliminado los monopolios y se ha introducido la competencia en la comercialización de energía. El acceso a las redes es uno de los pilares que sustentan el mencionado modelo donde existe una multiplicidad de agentes y consumidores. A pesar de ser libre, el acceso es regulado y, planificado. Por ejemplo, una central termoeléctrica necesita autorización para poder operar y comercializar en materia de energía. En tal caso, la central deberá ser conectada a una red de transmisión o distribución y se establecen cuales deberán ser las instalaciones de transmisión de interés exclusivo de la central, también conocidas como instalaciones de conexión.

La segunda modalidad se refiere a la existencia de una empresa integrada que opera la totalidad o la mayor parte de los sistemas de generación, transmisión y distribución. Las distribuidoras adquieren la energía de esta empresa y pueden ingresar otros ofertantes, cogeneradores o productores independientes, pero deben vender la energía a la empresa integrada a precios regulados. Se trata de un sistema planificado que optimiza la operación a través de un despacho unificado de carga. En algunos países (México y Costa Rica) se estableció una institucionalidad regulatoria independiente de las empresas estatales.

Otro aspecto a ser considerado se refiere al estatus legal (servicio público u otro) que se le otorgó a cada tipo de servicio involucrado en la prestación de energía eléctrica: generación, transporte y distribución.

En cuanto a la definición de las fases consideradas de servicio público existen dos grandes concepciones en América Latina. Una concepción "integral", compartida por ejemplo por Colombia y México, según la cual todas las fases de la industria eléctrica están destinadas a satisfacer necesidades colectivas esenciales, razón por la cual deben ser consideradas como actividades de servicio público.

La otra concepción es "parcial", vigente por ejemplo en Argentina y Perú, según la cual sólo la transmisión y la distribución deben ser consideradas como un servicio público. En Chile sólo la distribución es considerada como servicio público y en Costa Rica, la ley no aplica en materia de servicios públicos.

Hay sin duda algunas variantes dentro de estas configuraciones.

Por ejemplo en Argentina, la generación destinada a abastecer un servicio público es de interés general. En Chile, el suministro que efectúe un concesionario de distribución a usuarios finales ubicados en la zona de concesión o a quienes estando fuera se conectan a la concesionaria mediante líneas propias o de terceros, se considera un servicio público. En este país, los suministros desde instalaciones de generación y transmisión así como la distribución sin concesión o la que hagan cooperativas no concesionarias no son consideradas servicios público.

En línea con lo anterior, en el año 2005, el Tribunal de Competencia (TDCL) chileno aprobó la conciliación celebrada por AES Gener S.A. y Norgener S.A, empresas relacionadas de generación eléctrica -las que interpusieron una demanda, con fecha 18 de mayo de 2005 y la demandada, la empresa de generación eléctrica y servicios portuarios Electroandina S.A.

La propuesta de concentración Endesa - Edesur (distribuidora eléctrica de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina) refleja la necesidad de tomar en cuenta las condiciones de competencia y el interés económico general cuando un determinado grupo económico participa en el control de dos compañías que comparten la red de distribución.

El caso demuestra, en primer lugar, la habilidad de los reguladores para emplear medidas de competencia por comparación en el proceso regulatorio. Dicho mecanismo consiste en situar a empresas similares en competencia unas con otras respecto de sus niveles de costos, aun cuando no compitan efectivamente en el mismo mercado. El atractivo de este procedimiento es que cada empresa recibe un precio que no depende de sus costos, sino de los costos de otros operadores, de modo que se le brindan máximos incentivos a la minimización de costos.

En segundo lugar, el caso demuestra la capacidad de las empresas controladas para realizar algún tipo de discriminación o impedir el acceso a la red, y en tercer lugar, los efectos sobre potenciales mercados competitivos, cuando algunos cambios permiten la introducción de competencia, por ejemplo, en el caso de una reforma de la Ley de Energía Eléctrica.

En su evaluación, la autoridad tuvo en cuenta tres factores interrelacionados: el efecto sobre la competencia actual o potencial, el efecto sobre los precios y el efecto sobre la regulación. Se argumentó que la estructura del mercado de distribución de energía no cambiaría como resultado de esta operación, ya que se trataba de una simple sustitución de dos monopolios independientes por una situación en la que ambos se coordinan. Es decir, no habría efectos directos sobre la competencia, dado que la competencia no existía. Finalmente, el efecto sobre la regulación estaría dado por el impacto que tendría la coordinación de las empresas reguladas sobre la habilidad de los reguladores para emplear medidas de competencia por comparación en el proceso regulatorio.

 Sector eléctrico en Colombia

El sector eléctrico en Colombia está mayormente dominado por generación de energía hidráulica (64% de la producción) y generación térmica (33%). No obstante, el gran potencial del país en nuevas tecnologías de energía renovable (principalmente eólica, solar y biomasa) apenas si ha sido explorado. La ley de 2001 diseñada para promover energías alternas carece de disposiciones clave para lograr este objetivo, como, por ejemplo feed-in tariffs, y hasta ahora ha tenido muy poco impacto. Las grandes plantas de energía hidráulicay térmica dominan los planes de expansión actuales. La construcción de una línea de transmisión con Panamá, que enlazará a Colombia con Centroamérica, ya está en marcha.

Una característica interesante del sector eléctrico de Colombia (así como de su sector de abastecimiento de agua) es la existencia de un sistema de subsidios cruzados desde usuarios que viven en areas consideradas como relativamente afluentes, y de usuarios que consumen cantidades de electricidad superiores, a aquellos que viven en áreas consideradas pobres y quienes usan menos electricidad.

El sector eléctrico ha sido desagrupado en generación, transmisión, Red de distribución y comercialización desde que se llevaron a cabo las reformas del sector eléctrico en 1994. Alrededor de la mitad de la capacidad de generación es privada. La participación privada en distribución eléctrica es mucho más baja.

Política y Regulación

Colombia cuenta con un mercado energético liberalizado desde 1995. El sector se caracteriza por un marco que desagrupa generación, transmisión, distribución y comercialización.

La estructura del mercado energético colombiano se basa en las Leyes 142 (Ley de Servicios Públicos) y 143 (Ley de Electricidad) de 1994. El Ministerio de Minas y Energía es la principal institución del sector energético de Colombia. Dentro del Ministerio, UPME (Unidad de Planificación de Minería y Energía) es responsable del estudio de los futuros requerimientos de energía y escenarios de suministro, así como de la elaboración del Plan Nacional de Energía y Plan de Expansión.

CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) está a cargo de regular el mercado para un suministro eficiente de energía. CREG define estructuras de tarifas para consumidores y garantiza libre acceso a la red, cobros de transmisión, y normas para el mercado mayorista, garantizando la calidad y confiabilidad del servicio y eficiencia económica. Entre otros, CREG es responsable de elaborar regulaciones que garanticen los derechos de los consumidores, la inclusión de principios de sostenibilidad ambiental y social, la mejora de la cobertura, y la sostenibilidad financiera de las entidades participantes.

La dotación de servicios públicos (agua, electricidad, y telecomunicaciones) a usuarios finales es supervisada por la Superintendencia de Servicios Públicos Residenciales que es independiente y es conocida como SSPD.

Sector eléctrico en el Perú

El sector eléctrico en el Perú ha experimentado sorprendentes mejoras en los últimos 15 años. El acceso a la electricidad ha crecido del 45% en 1990 al 79% en 2006, a la vez que mejoró la calidad y la eficacia de la prestación del servicio. Estas mejoras fueron posibles gracias a las privatizaciones posteriores a las reformas iniciadas en 1992. Al mismo tiempo, las tarifas de electricidad han permanecido en consonancia con el promedio de América Latina.

Sin embargo, aún quedan muchos retos. Los principales son el bajo nivel de acceso en las áreas rurales y el potencial sin explotar de algunas energías renovables, en concreto la energía eólica y la energía solar, debido a un marco regulador inadecuado.

La capacidad actual de generación de electricidad está dividida de manera uniforme entre las fuentes de energía térmica e hidroeléctrica. El renovado y reciente dinamismo del sector eléctrico del país se basa en el cambio por plantas a gas natural, fomentado por la producción del campo de gas de Camisea en la selva amazónica.

El Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) abastece al 85% de la población conectada, con varios sistemas "aislados" que cubren el resto del país. A pesar de que la inversión en generación, transmisión y distribución en las áreas urbanas es principalmente privada, los recursos para la electrificación rural provienen únicamente de recursos públicos.

Gas

Artículo principal: Gas de Camisea

Luego de más de 20 años de haber sido descubierto, el yacimiento de gas natural ubicado en Camisea, Departamento del Cuzco, empezó a ser explotado y su producción está por ahora destinada principalmente al consumo interno y la sierra peruana y el excedente podrá ser vendido al exterior. Este gas de Camisea ha llegado a Lima en agosto de 2004. La explotación gasífera, junto con la minería, son los sectores con mayor potencial de inversiones por la calidad y abundancia de recursos.

Política y regulación

La Dirección General de Electricidad (DGE), dependiente del Ministerio de Energía y Minas (MEM), está a cargo del establecimiento de políticas y regulaciones de electricidad y de otorgar concesiones. También es la responsable de elaborar los planes de expansión de la generación y la transmisión y tiene que aprobar los procedimientos pertinentes para el funcionamiento del sistema eléctrico.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), creado en 1996 como OSINERG (las competencias sobre minería fueron agregadas en enero de 2007), está a cargo de la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) de 1992 y de asegurar el servicio público de electricidad. Además, el OSINERG es el organismo responsable de hacer cumplir las obligaciones fiscales de los licenciatarios según lo establecido por la ley y su regulación. Por último, es el responsable de controlar que se cumplan las funciones del Comité de Operación Económica del Sistema (COES) y de determinar semestralmente los porcentajes de la participación de las compañías en el mercado.

En 2000, OSINERG se fusionó con la Comisión de Tarifas Eléctricas (CTE), actualmente denominada Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (GART). Juntos, están a cargo de fijar las tarifas de generación, transmisión y distribución y las condiciones de ajuste de tarifa para los consumidores finales. También determinan las tarifas del transporte y la distribución de gas mediante gasoductos.

En el caso de la electrificación rural, la Dirección General de Electrificación Rural (DGER) está a cargo del Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER), que se enmarca en las pautas de las políticas establecidas por el Ministerio de Energía y Minas. La DGER está a cargo de la ejecución y coordinación de los proyectos en áreas rurales y regiones de pobreza extrema.

Finalmente, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) se encarga de controlar el cumplimiento de la Ley Antimonopolio y Antioligopolio de 1997

Sector eléctrico en Chile

El sector eléctrico en Chile se basa principalmente en la generación térmica (60% de la capacidad instalada), fuentes de energía hidráulica que compensan la capacidad faltante (39,6%) y fuentes renovables que tienen una presencia insignificante. Debido a que Chile se está enfrentando a cortes de gas natural que podrían poner en peligro el suministro de electricidad, actualmente está construyendo su primera terminal de GNL para asegurar el suministro para sus plantas de energía térmica a gas existentes y futuras. Además, ha iniciado la construcción de varias plantas nuevas de energía hidráulica y térmicas a carbón.

La exitosa reforma del sector eléctrico de Chile, que sirvió como modelo para otros países, se llevó a cabo en la primera mitad de la década de los 80. La desagregación vertical y horizontal de la generación, transmisión y distribución, y la privatización a gran escala, condujo al aumento de la inversión privada. Sin embargo, en los últimos años, realizar una modificación sustancial en la Ley general de servicios eléctricos para adaptarla a los desarrollos del sector de los últimos 20 años se ha vuelto una necesidad acuciante.

Política y regulación

La Comisión Nacional de Energía (CNE), creada en 1978 para recomendar estrategias a largo plazo, es responsable de asesorar al Ministro de Economía con respecto a la política de electricidad y de establecer tarifas reguladas de distribución.La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) es la responsable de supervisar que se cumplan las leyes, regulaciones y estándares técnicos para la generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad. A su vez, el Ministro de Energía impone formalmente las tarifas reguladas y controla el dictado de decretos de racionamiento durante los períodos de sequía en los que disminuye la capacidad de generación de energía hidroeléctrica. Otras responsabilidades del sector eléctrico están a cargo de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la cual se encarga de fijar impuestos, y también directamente de las regiones y municipalidades.

Sector eléctrico en Argentina

El sector eléctrico en Argentina constituye el tercer mercado energético de América Latina. Depende principalmente de la generación térmica (54% de la capacidad instalada) y de la generación hidroeléctrica (41%). Las nuevas tecnologías de energía renovable están muy poco explotadas. El país aún tiene un gran potencial hidroeléctrico sin explotar. Sin embargo, la generación térmica predominante por combustión de gas natural está en riesgo debido a la incertidumbre sobre el abastecimiento futuro de gas.

Ante la creciente demanda de electricidad (más del 6% anual) y los márgenes de reserva cada vez menores, el gobierno de Argentina está en proceso de encargar grandes proyectos, tanto en el sector de la generación como en el de la transmisión. Se estima que para satisfacer la demanda creciente se necesitará aumentar la capacidad de generación en 1.000 MW por año. Una cantidad importante de estos proyectos es financiada por el gobierno mediante fideicomisos, mientras que la iniciativa privada aún es limitada ya que no se ha recuperado del todo de los efectos de la crisis económica argentina (1999-2002). La necesidad de aumentar la bajas tarifas residenciales actuales, que habían sido congeladas como respuesta a la crisis, sigue siendo un problema político controvertido sin resolver.

Las reformas impuestas a principios de la década de los 90 dividieron el sector eléctrico en generación, transmisión y distribución. La generación tiene lugar en un mercado competitivo y mayormente liberalizado, con el 75% de la capacidad de generación en manos de compañías privadas. Por el contrario, los sectores de la transmisión y la distribución están altamente regulados y son mucho menos competitivos que el sector de la generación.

Política y regulación

La Secretaría de Energía (SENER) es la responsable de fijar las políticas, mientras que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) es el organismo independiente, dentro de la Secretaría de Energía, que tiene la responsabilidad de aplicar el marco regulatorio establecido por la ley 26.046 de 1991. El ENRE tiene a su cargo la regulación y supervisión general del sector bajo control federal. Los organismos reguladores provinciales controlan el resto de las empresas de suministro. El ENRE y los reguladores provinciales fijan las tarifas y supervisan que los agentes de transmisión y distribución regulados cumplan con las normas de seguridad, calidad, técnicas y ambientales. CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) es quien administra el mercado eléctrico mayorista. Sus principales funciones incluyen la operación y despacho de la generación y el cálculo de precios en el mercado spot, la operación en tiempo real del sistema eléctrico y la administración de las operaciones comerciales en el mercado eléctrico.

El Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE), creado en 1960, también cumple un papel muy importante en este sector. Es el administrador de los fondos específicamente dedicados a las operaciones en electricidad (por ejemplo, el Fondo Nacional de Energía Eléctrica, véase Desarrollos recientes más adelante) y también asesora a los gobiernos nacional y provinciales en asuntos relacionados con la industria de la energía, servicios de energía públicos y privados, prioridades en la ejecución de nuevos proyectos y estudios, concesiones y autorizaciones, y tarifas y precios de la electricidad. También asesora sobre modificaciones en la legislación del sector energético.

El sector de la energía de Argentina es uno de los más competitivos y desregulados de América del Sur. Sin embargo, el hecho de que la Secretaría de Energía tenga poder de veto sobre CAMMESA hace que exista una capacidad potencial de alterar el funcionamiento del mercado competitivo. Las funciones de generación, transmisión y distribución están abiertas al sector privado, aunque existen restricciones a la propiedad cruzada de estas tres funciones. La legislación argentina garantiza el acceso a la red a fin de crear un entorno competitivo para permitir que los generadores sirvan a clientes de cualquier lugar del país.

Sector eléctrico en México

El sector eléctrico en México se considera estratégico para la soberanía nacional. Por lo tanto, hay ciertas limitaciones para la participación privada y se permite a las empresas extranjeras operar en el país sólo a través de contratos de servicio específicos. Según establece la Constitución, el sector eléctrico es de propiedad federal y es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quien controla esencialmente todo el sector. Los intentos de reformar el sector se han enfrentado tradicionalmente a una gran resistencia política y social en México, donde los subsidios para consumidores residenciales absorben considerables recursos fiscales.

El sector eléctrico en México se basa en gran medida en fuentes térmicas (74% de la capacidad instalada total), seguido por la generación hidroeléctrica (22%). Aunque la explotación de recursos solares, eólicos y biomasa cuentan con un gran potencial, la energía geotérmica es el único recurso renovable (excluyendo la hidroeléctrica) con una contribución considerable a la matriz de energía (2% de la capacidad de generación total). Los planes de expansión para el período 2006-2015 suponen la incorporación de unos 24.000 MW de nueva capacidad de generación, con un predominio de ciclos combinados.

Política y regulación

La Secretaría de Energía (SENER) está a cargo de la definición de las políticas energéticas del país dentro del marco definido por la Constitución. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) es, desde 1995, la principal agencia reguladora de energía del sector eléctrico y de gas. Sin embargo, las atribuciones de la CRE son limitadas ya que la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y LFC (Luz y Fuerza del Centro) se encuentran fuera de su ámbito.

Sector eléctrico en Bolivia

Datos Cobertura eléctrica (2003)

El sector eléctrico en Bolivia fue privatizado a principios de los 90 y se dividió en generación, transmisión y distribución]. El suministro está dominado por la generación térmica (60%), mientras que la hidroeléctrica (40%) tiene menor presencia en la matriz de generación si se compara con otros países sudamericanos (la capacidad hidroeléctrica media de ALyC es del 51%). La cobertura de electricidad en áreas rurales se encuentra entre las más bajas de América Latina y mejorar este aspecto es un importante desafío para el futuro que necesita del esfuerzo conjunto de los sectores público y privado. Como en otros países, el sector eléctrico de Bolivia está formado por el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y sistemas aislados de la red (conocidos como Aislado).

Política y regulación

El Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas, dentro del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, es el encargado de establecer las políticas y de diseñar la regulación para el sector eléctrico. La Superintendencia de Electricidad (SE) es la responsable de aplicar la regulación.

Las compañías que pertenecen al Sistema Interconectado Nacional (SIN) deben estar verticalmente separadas. Sin embargo, las compañías del sistema Aislado tienen permitido realizar más de una de las actividades definidas dentro del sector de la electricidad (es decir, generación, transmisión y distribución).

Generación

En la actualidad hay ocho compañías generadoras en el sistema interconectado; todas son privadas. Las tres compañías más grandes juntas representan el 70% de la generación total. La mayor compañía que suministra al SIN es la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica (COBEE), que provee suministro a la región que rodea a La Paz. Las otras dos son la Empresa Eléctrica Guarachi (EGSA) y la Empresa Eléctrica Corani (CORANI).

Transmisión

En la actualidad hay dos compañías de transmisión en el SIN, la Transportadora de Electricidad (TDE), propiedad de la española Red Eléctrica de España (REE), e ISA Bolivia, que fue creada en 2005. ISA Bolivia, que maneja el 53% de la red de distribución en Bolivia, es una filial de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), corporación controlada por el gobierno de Colombia. La cantidad de empresas es limitada por la existencia de barreras institucionales para el ingreso a este sector.

Distribución

En Bolivia, las seis compañías de distribución eléctrica tienen monopolios naturales en sus áreas de concesión.^[2] La compañía más grande es Electropaz, con participación mayoritaria de la española Iberdrola, seguida de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC), que fue propiedad de la norteamericana PPL (servicios)PPL Global hasta 2007. El tercer lugar lo ocupa la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), que opera en el Departamento de Santa Cruz^[3]

En algunos casos, especialmente en el altiplano, las cooperativas y organizaciones comunitarias acceden a la red de las empresas de distribución y venden electricidad a pequeñas comunidades rurales. A veces, se trata de empresas organizadas que suministran el servicio a ciudades medianas, pero en la mayoría de los casos son pequeñas organizaciones que proveen a comunidades familiares. Esta situación se enfrenta con un vacío legal ya que los consumidores que se benefician de estos esquemas, que no consumen la energía mínima establecida legalmente, no pueden ser considerados regulados. Además, estos consumidores están ubicados fuera de las áreas de concesión de las compañías de distribución; por lo tanto, no pueden recibir el servicio de éstas. En la práctica, las empresas de distribución están revendiendo electricidad a las organizaciones mencionadas fuera del marco legal. No existe información precisa sobre la cantidad de organizaciones que operan en áreas rurales. Sin embargo, son aproximadamente tres en La Paz, veinte en Oruro y tres en Potosí

Sector eléctrico en la República Dominicana

El sector de la energía en la República Dominicana ha sido tradicionalmente, y todavía lo es, un cuello de botella para el crecimiento económico del país. Una prolongada crisis eléctrica e ineficaces medidas correctivas han llevado a un círculo vicioso de apagones habituales, altos costos operativos de las compañías de distribución, grandes pérdidas (incluyendo robo de electricidad a través de conexiones ilegales), elevadas tarifas minoristas para cubrir estas ineficiencias, bajas tasas de cobro de boletas, una significativa carga fiscal para el gobierno a través de subsidios directos e indirectos, y costos muy altos para los consumidores, ya que muchos dependen de una electricidad alternativa autogenerada muy costosa. Según el Banco Mundial, la revitalización de la economía dominicana depende en gran medida de una importante reforma del sector.

Política y regulación

La Comisión Nacional de Energía (CNE) es el organismo a cargo de las políticas energéticas; una de sus mayores responsabilidades es la elaboración del Plan Nacional de Energía. La CNE presentó en 2004 el Plan Nacional de Energía para el período 2004-2015, así como el Indicative Plan of Electricity Generation (PIEGE) para el período 2006-2020.

La Superintendencia de Electricidad (SIE) es el ente regulador, mientras que el Organismo Coordinador (OC) fue creado para coordinar el despacho de electricidad.

La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) es un conglomerado de empresas que reúne a todas las compañías de generación, transmisión y distribución que pertenecen al gobierno y los programas oficiales asociados del país. Está compuesta por:

• Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, EGEHID;
• Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED;
• Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, UERS;
• Programa de Reducción de Apagones, PRA;
• 50% de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, EdeNorte;
• 50% de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, EdeSur; y
• 50% del conglomerado público de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, EdeEste.

EdeNorte y EdeSur pertenecen completamente al gobierno; el 50% de acciones restante es propiedad del Fondo Patrimonial de las Empresas (FONPER), también controlado por el gobierno. EdeEste es una compañía mixta, con participación pública y privada.

Generación

El 86% de la capacidad de generación se encuentra en manos privadas (excluyendo la autogeneración) y el 14% es de propiedad pública

Transmisión

El sistema de transmisión, que se encuentra bajo total responsabilidad de la compañía pública ETED (Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana), consta de 940 km de líneas de circuito simple de 138 kV que parten radialmente desde Santo Domingo hacia el norte, el este y el oeste.

Distribución

En la República Dominicana hay tres empresas de distribución. El gobierno es propietario de dos de ellas, EdeNorte y EdeSur, a través de la CDEEE (50%) y del Fondo Patrimonial de las Empresas (FONPER). También controla el 50% de la tercera, EdeEste (el otro 50% pertenece a Trust Company of the West (TCW), operada por AES Corporation, su comprador original). Las tres empresas prestan servicio a una cuota de mercado similar.

EXAMEN EL VIERNES SOBRE LAS EXPOSICIONES 1 Y 2.

servido por nilda gioconda 50 comentarios compártelo